Un video cambió la conversación del turismo dominicano esta semana. En él, personal de seguridad de un complejo turístico en Juan Dolio intentaba impedir que el músico y activista Mariano Lantigua, fundador del grupo Aljadaqui, permaneciera en una playa pública. La reacción del ministro de Turismo, David Collado, fue inequívoca: calificó el hecho de vergonzoso y recordó que las playas son del pueblo y son de la gente. Para el lector de Capital RD, el episodio es mucho más que una polémica de redes sociales: es la manifestación de una tensión estructural que define el futuro del modelo turístico y afecta directamente la seguridad jurídica de la inversión costera.
Una precisión necesaria sobre responsabilidades
Antes del análisis, conviene aclarar un punto que el ruido de las redes sociales tiende a distorsionar. La responsabilidad del incidente no recae sobre el Ministerio de Turismo ni sobre David Collado. El acto de restringir el acceso lo ejecutó la seguridad privada de un complejo turístico, es decir, un actor privado que operó al margen de lo que establece la ley. El Ministerio de Turismo no controla ni dirige la seguridad privada de los hoteles, y la regulación del acceso a las costas involucra competencias compartidas entre varias instituciones del Estado: Medio Ambiente, que administra el dominio público marítimo; Interior y Policía, que regula las empresas de seguridad privada; y la Procuraduría, que persigue las violaciones a la ley.
De hecho, la actuación de Collado fue en sentido contrario al incidente: condenó el hecho de inmediato y convocó a las demás instituciones para corregirlo. Atribuirle la culpa del episodio sería confundir a quien denuncia el problema con quien lo causó. Su rol aquí es el de un funcionario que reacciona ante una práctica indebida de terceros, no el de un responsable de ella.
El hecho y la respuesta
Los datos primero. Tras la difusión del video, Collado no se limitó a condenar el incidente. Anunció la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional integrada por el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Interior y Policía y la Procuraduría General de la República, con el objetivo declarado de fortalecer la seguridad jurídica en las zonas costeras y promover una convivencia armoniosa entre ciudadanos, turistas y propietarios de complejos turísticos.
La posición oficial buscó un equilibrio explícito: garantizar el acceso público respetando siempre la propiedad privada, como dice la ley. Esa frase, aparentemente conciliadora, contiene la tensión completa del asunto.
El marco legal que pocos discuten
Conviene explicitar la base jurídica, porque es el corazón del conflicto. En República Dominicana, como en la mayoría de las jurisdicciones costeras del mundo, las playas son bienes de dominio público. La franja de arena pertenece al Estado y, por extensión, a todos los ciudadanos. Ningún hotel, por más exclusivo que sea, puede legalmente privatizar el acceso a la playa frente a su propiedad.
Pero la ley choca con la práctica. Algunos complejos operan bajo una lógica de facto donde la seguridad privada, el diseño del espacio y la simple intimidación restringen el acceso público, especialmente en playas contiguas a resorts. El incidente de Juan Dolio no fue un caso aislado; fue la punta visible de una práctica que ha existido por años. La evidencia de que el tema tocó un nervio es que, en cuestión de días, surgieron nuevas denuncias públicas sobre restricciones de acceso en otras playas del país.
Por qué esto es una variable de inversión, no solo un tema social
Aquí está la lectura que distingue a Capital RD. Para el inversionista hotelero, el acceso público a las playas suele percibirse como una molestia operativa: complica la seguridad, mezcla públicos, presiona la exclusividad que justifica ciertas tarifas. Esa percepción es comprensible, pero miope.
El acceso público bien gestionado es, en realidad, un activo del modelo dominicano, por tres razones concretas.
Primero, licencia social. El turismo dominicano genera cerca de 800,000 empleos y sostiene a 605,000 personas de forma directa. Ese respaldo popular al sector depende de que el dominicano común sienta que el turismo también es suyo. Cuando un ciudadano es expulsado de su propia playa por un guardia privado, se erosiona el consenso social que ha protegido al turismo de populismos y sobre-regulaciones. Collado lo entiende: defender el acceso público es defender la legitimidad política del modelo entero.
Segundo, seguridad jurídica. Y esta es la clave para el inversionista. Un marco confuso, donde la ley dice una cosa y la práctica permite otra, es terreno fértil para conflictos, litigios y decisiones judiciales impredecibles. La mesa interinstitucional busca precisamente reducir esa ambigüedad. Reglas claras sobre qué puede y qué no puede hacer un complejo respecto al acceso costero protegen tanto al ciudadano como al inversionista, que gana certidumbre sobre las condiciones de operación de su activo. Nótese que el propio incidente ilustra el riesgo de no tener esas reglas claras: fue la seguridad privada actuando por cuenta propia, sin un marco definido, la que generó el conflicto.
Tercero, riesgo reputacional. En la era de las redes sociales, un video de un guardia expulsando a un ciudadano de una playa pública puede viralizarse en horas y dañar la marca-país. Para un destino que ha invertido cientos de millones en posicionar la marca República Dominicana, ese tipo de incidente es un pasivo reputacional que ningún hotel individual internaliza, pero que todo el sector sufre.
La otra cara
La honestidad analítica que distingue a Capital RD obliga a presentar la tensión legítima del otro lado. Los complejos turísticos tienen argumentos reales: son responsables de la seguridad de sus huéspedes, han invertido en mantener limpias y ordenadas las playas frente a sus propiedades, y enfrentan riesgos concretos cuando el acceso es totalmente irrestricto, desde hurtos hasta ventas informales agresivas y problemas de seguridad.
El desafío, por tanto, no es blanco y negro. No se trata de acceso absoluto ni de exclusión absoluta, sino de diseñar un régimen de convivencia que garantice el derecho ciudadano sin desmantelar las condiciones que hacen viable la inversión hotelera. Ese equilibrio es genuinamente difícil, y el éxito de la mesa de trabajo dependerá de que produzca reglas operativas concretas y no solo declaraciones de principios.
Lectura Capital RD
El incidente de Juan Dolio expone una verdad incómoda del modelo turístico dominicano: su éxito ha creado una fricción entre el capital privado que desarrolla las costas y el derecho ciudadano a disfrutarlas. Cómo se resuelva esa fricción definirá la sostenibilidad social del sector. Y conviene insistir: esa fricción no la creó la autoridad turística, sino la ausencia de reglas claras que un actor privado aprovechó indebidamente.
Para el tomador de decisión, la señal a monitorear es qué produce la mesa interinstitucional. Si genera un marco claro y aplicable sobre acceso costero, habrá convertido un conflicto en seguridad jurídica, un resultado que beneficia al inversionista tanto como al ciudadano. Si se queda en el gesto político, la tensión resurgirá con cada nuevo video viral, y el riesgo reputacional seguirá latente.
El modelo turístico dominicano se construyó sobre una premisa simple: que el turismo beneficia a todos. El conflicto de las playas es la prueba de si esa premisa sigue siendo cierta cuando el desarrollo choca con el acceso. Ante un incidente que no provocó, Collado eligió el lado del pueblo y convocó al Estado a poner orden. El reto ahora es traducir esa posición en reglas que hagan compatibles la playa pública y la inversión privada. De esa traducción depende algo más grande que una playa: la licencia social del principal motor económico del país.
