El Gobierno dominicano ha propuesto reducir en un 50% los fondos públicos destinados a los partidos políticos como parte de un plan de austeridad, lo que ha generado un intenso debate sobre la legalidad de la medida y su impacto en el sistema electoral.
Cuestionamientos legales y constitucionales
La iniciativa, presentada en un Consejo de Gobierno presidido por Luis Abinader, ha sido calificada como "ilegal e inconstitucional" por el exsecretario general y aspirante presidencial del PLD, Charlie Mariotti. Este argumenta que el Poder Ejecutivo carece de facultad para modificar unilateralmente las asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso Nacional.
"El Gobierno debe tener cuidado con usar la crisis como una herramienta política. Estamos a las puertas de un proceso preelectoral donde el partido oficialista cuenta con toda la estructura y los recursos públicos para su campaña, mientras pretende asfixiar financieramente a la oposición"
Mariotti fundamenta su postura en la Ley 423-06 de Presupuesto del Sector Público y en el artículo 212 de la Constitución, que establece la autonomía presupuestaria de la Junta Central Electoral (JCE), órgano encargado de distribuir los fondos entre las organizaciones políticas según su desempeño electoral.
Posiciones políticas divergentes
Federico Antún Batlle, presidente del PRSC, expresó respaldo al recorte en el contexto de la crisis internacional, pero subrayó que su ejecución debe ajustarse estrictamente al marco legal. Recomendó que el Gobierno someta un proyecto de modificación a la Ley de Partidos Políticos de 2008 antes de implementar la medida.
Por otro lado, el ministro Sigmund Freund, en representación del PRM, instó a los partidos a analizar la propuesta, destacando que responde al llamado de la oposición sobre el "nivel de sacrificio" que cada sector debe asumir.
"Es una cuestión de que nosotros estamos proponiendo como partido político de Gobierno de que nosotros, los partidos políticos, también hagamos nuestra cuota de sacrificios"
Contexto financiero y consideraciones institucionales
Para el año 2026, los partidos políticos tienen asignados 1,620 millones de pesos según la Ley de Presupuesto General del Estado y una resolución de la JCE. Las organizaciones mayoritarias (PRM, Fuerza del Pueblo y PLD) recibirían el 80% de estos recursos.
El expresidente de la JCE, Roberto Rosario, advirtió que la discusión no debe limitarse a criterios económicos, pues el financiamiento público busca garantizar condiciones mínimas de competencia electoral. Añadió que cualquier modificación afecta directamente el funcionamiento de las organizaciones y la dinámica electoral, por lo que debe analizarse con cautela y ampliarse a temas como la transparencia en el uso de los recursos.
