El Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (Foppredom) considera ilegal y perjudicial para la democracia la decisión gubernamental de recortar a la mitad los recursos estatales asignados a las organizaciones políticas. La medida de austeridad, anunciada tras una reunión del Consejo de Gobierno el jueves pasado por el director de Presupuesto, José Rijo, busca ahorrar 40 mil millones de pesos para contener el impacto económico del aumento del precio del petróleo derivado del conflicto en Irán.
Posturas divididas entre los partidos
Mientras los principales dirigentes de la oposición han guardado silencio, el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y la presidenta del Partido Liberal Reformista (PLR), Karina Aristy, respaldan la reducción propuesta por el Ejecutivo. La postura de Aristy se distancia de la del Foppredom, entidad que ella misma preside recientemente. Por otra parte, el vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, interpretó el planteamiento gubernamental como una maniobra para desviar la atención del incremento en los precios de los combustibles ocurrido el viernes.
Llamado al diálogo y advertencias sobre el impacto
En un comunicado, el Foppredom advirtió que una reducción adicional afectaría funciones clave como la formación política, la afiliación y el fortalecimiento organizativo. "Una reducción adicional afectaría funciones clave como la formación política, la afiliación y el fortalecimiento organizativo, reiteramos el llamado a preservar el equilibrio del sistema de partidos en la República Dominicana", declaró la entidad. Mientras tanto, Sigmund Freund, delegado político del Partido Revolucionario Moderno (PRM), invitó a los partidos de oposición a discutir el tema de la disminución del aporte estatal.
Propuestas y acciones del Foro de Partidos
Foppredom ha solicitado una reunión urgente con el presidente y los miembros del pleno de la Junta Central Electoral (JCE) para exponer el impacto institucional, jurídico y operativo de la medida. Asimismo, propuso la creación de una comisión de juristas para evaluar acciones legales ante una eventual vulneración del marco constitucional que garantiza el financiamiento público. El foro también estableció una línea de comunicación permanente entre sus miembros para articular una respuesta unificada y aprobó formular una propuesta de reorganización del gasto público que garantice ingresos al Gobierno sin afectar los fondos de los partidos.
En el presupuesto del presente año estaba consignada una partida de mil 620 millones de pesos como parte de la contribución económica del Estado a los partidos políticos, establecida en la ley 20-23 del Régimen Electoral.
