El presidente Luis Abinader respaldó la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) de llamar a consultas a la embajadora dominicana en Nicaragua, Acsamary Guzmán Nina, luego de que el presidente nicaragüense Daniel Ortega calificara de “vasallas” a las autoridades dominicanas. El mandatario reafirmó el compromiso del país con la defensa de la democracia y el derecho de los pueblos de América a elegir libremente a sus gobernantes.
La medida se adoptó después de que Santo Domingo condenara públicamente el anuncio de Ortega de eliminar las elecciones competitivas en Nicaragua. En respuesta, el gobernante nicaragüense lanzó descalificaciones contra las autoridades dominicanas, lo que provocó la reacción diplomática. Abinader hizo suya la postura del Mirex al sostener que República Dominicana continuará defendiendo “la democracia y el derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes”.
Fundamento legal de la posición dominicana
La Cancillería dominicana invocó la Carta Democrática Interamericana para justificar su respuesta. En el comunicado oficial, citó el artículo 1 del instrumento regional, que establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. El gobierno consideró que la decisión de Ortega representa un retroceso para la institucionalidad democrática.
El llamado a consultas de la embajadora Guzmán Nina, quien ocupa el cargo desde 2023 tras ser designada mediante el decreto 315-23, es una de las medidas diplomáticas de protesta más significativas antes de adoptar decisiones de mayor alcance, como la reducción del nivel de las relaciones bilaterales o la suspensión de vínculos diplomáticos. Aunque no implica una ruptura de relaciones, refleja un deterioro considerable en el diálogo entre ambos Estados.
Las relaciones entre República Dominicana y Nicaragua se han tensado en los últimos años debido a las críticas de Santo Domingo y otros gobiernos de la región sobre el deterioro de las instituciones democráticas y las libertades públicas bajo la administración de Daniel Ortega.
