El 4 de enero de 1962, el Consejo de la Organización de Estados Americanos (OEA) votó por amplia mayoría levantar las sanciones económicas y diplomáticas impuestas al régimen de Trujillo, marcando el regreso del país al Sistema Interamericano tras un prolongado aislamiento.
Un voto decisivo en Washington
La reunión especial del Consejo de la OEA en Washington, bajo intensa nevada, culminó con 19 votos a favor y la única abstención de Cuba. El delegado cubano, Carlos S. Chaín, cuestionó la legitimidad de la decisión, argumentando que el Consejo de Estado dominicano era un “trujillismo sin Trujillo” y que la medida respondía a intereses comerciales norteamericanos. Sin embargo, esta posición fue ampliamente superada por el respaldo del resto de la comunidad hemisférica al proceso democrático dominicano.
La noticia fue recibida con entusiasmo en Santo Domingo por el gobierno del Consejo de Estado, presidido por Joaquín Balaguer y con Rafael F. Bonnelly como vicepresidente. Bonnelly declaró eufórico que “El gobierno dominicano ha entrado de nuevo a la familia americana”, mientras que Balaguer calificó el hecho como una “reparación moral” para el pueblo.
Reacciones inmediatas y apoyo internacional
El secretario general de la OEA, José Antonio Mora, viajó a Santo Domingo para anunciar oficialmente la decisión. Poco después, países como Guatemala y Estados Unidos comenzaron a reanudar relaciones diplomáticas. El gobierno norteamericano anunció el envío de comisiones, encabezadas por Teodoro Moscoso de la Alianza para el Progreso, para discutir áreas de cooperación y ayuda al desarrollo democrático.
En Caracas, el presidente Rómulo Betancourt, víctima de un atentado ordenado por Trujillo en 1960, anunció que evaluaría personalmente el momento para restablecer vínculos con República Dominicana. La Sociedad Interamericana de Prensa felicitó a Balaguer por devolver el diario El Caribe a su director, Germán E. Ornes, cuyas acciones habían sido confiscadas por la dictadura.
Desafíos internos y medidas del gobierno
A pesar del optimismo oficial, el Consejo de Estado enfrentaba una compleja situación interna. La oposición de partidos como el PRD y el movimiento Catorce de Junio, que se negaban a colaborar, restaba efectividad a los esfuerzos gubernamentales. El país vivía una ola de violencia y saqueos contra personas señaladas como colaboradores del régimen anterior (“calieses”), lo que llevó a las Fuerzas Armadas a amenazar con intervenir drásticamente contra actos de vandalismo.
En respuesta, el gobierno impulsó una campaña de “destrujillización”. Una de sus primeras acciones fue una Ley de confiscación de bienes de la familia Trujillo y sus allegados, basada en el argumento de que sus fortunas fueron producto del abuso durante la tiranía. Además, Balaguer devolvió propiedades confiscadas, como el vespertino *La Nación* a los herederos del senador Mario Fermín Cabral y una finca en La Vega a los descendientes del general Juan Rodríguez García.
Protestas, hallazgos macabros y reacciones sociales
Mientras 2,000 empleados del Ayuntamiento de Santo Domingo se declaraban en huelga demandando aumentos salariales, se produjeron incidentes violentos en varias ciudades. En Santiago, un joven de 13 años murió por un disparo presuntamente de un militar; en San Francisco de Macorís, una turba mató a golpes a un excapitán del ejército.
Simultáneamente, una comisión del movimiento Catorce de Junio, con ayuda de bomberos, encontró osamentas en una fosa común en una propiedad de Héctor Trujillo (hermano del dictador), cerca de la autopista Duarte. El hallazgo, investigado por el fiscal Miguel A. Morales Carbuccia, avivó las demandas populares de justicia y extradición de los Trujillo.
El ambiente se enrareció aún más con la publicación en la prensa nacional de reportajes franceses sobre la vida lujosa y despilfarradora de Radhamés Trujillo, hijo del dictador, en París, lo que generó indignación y reforzó el sentimiento antitrujillista.
Medidas para la estabilización y perspectivas económicas
Para enfrentar el desempleo y la crisis social, el Consejo de Estado discutió en sus primeras sesiones la apertura de nuevas fuentes de trabajo. El sector comercial expresó optimismo, anticipando que el fin del boicot permitiría un “desarrollo extraordinario” al poder importar productos desde Estados Unidos a menor costo.
La autonomía universitaria también fue concedida mediante una ley promulgada por Balaguer el 31 de diciembre anterior, que otorgaba a la Universidad de Santo Domingo personalidad jurídica y un subsidio estatal. No obstante, este gesto no le granjeó el apoyo del estudiantado, que posteriormente lo suspendió como catedrático.
El levantamiento de las sanciones tuvo un impacto inmediato en los mercados internacionales, provocando compras en los futuros del azúcar dominicano. Como comentó un locutor de la radiotelevisora oficial al leer el despacho de la Associated Press: “al fin tendrán que tomarnos en cuenta”.
