El Gobierno del presidente Luis Abinader ha recibido en los últimos días una serie de reconocimientos de organismos internacionales que destacan sus logros en la lucha contra la corrupción, la reducción del hambre y la estabilidad económica. Estas valoraciones positivas, provenientes de entidades como Transparencia Internacional y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), refuerzan la gestión gubernamental en medio de críticas de la oposición y sectores privados.
Reconocimiento de Transparencia Internacional
El presidente de Transparencia Internacional, François Valérian, afirmó esta semana que en República Dominicana “existe una verdadera lucha contra la corrupción”. Este señalamiento contrasta con la situación de los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, quienes enfrentan escándalos y procesos judiciales relacionados con sus colaboradores cercanos, así como disputas internas en sus partidos, el PLD y Fuerza del Pueblo.
Valérian destacó que el país mejoró nueve puntos en los últimos seis años en el Índice de Percepción de la Corrupción, una métrica global que mide las percepciones sobre el nivel de corrupción en los gobiernos. Atribuyó este avance a una mayor voluntad institucional de rechazo contra la corrupción pública y privada, así como al fortalecimiento del sistema judicial. No obstante, advirtió que persisten desafíos en la aplicación efectiva de las leyes y en la agilización de los procesos judiciales, lo que podría afectar la atracción de inversión extranjera.
Transparencia Internacional eligió a República Dominicana como sede para su vigésimo primera Conferencia Internacional Anticorrupción, que se celebrará del 1 al 4 de diciembre de este año en Puntacana.
Elogios de la FAO por reducción del hambre
La FAO, a través de su director general Qu Dongyu, elogió a República Dominicana por su acelerado avance en la reducción de los niveles de pobreza y hambre. Dongyu señaló que, de continuar las presentes políticas públicas, el país pronto podrá ser “removida del mapa del hambre” y “alcanzar el objetivo” de cero penurias alimentarias.
El economista en jefe de la FAO, Máximo Torero, atribuyó este progreso al compromiso político del Gobierno dominicano con sus programas de protección social, subsidios para las familias más pobres y “robustas inversiones en infraestructura y apoyo para la agricultura”. La FAO también reconoció al país como un referente ejemplar por sus políticas proactivas agropecuarias, especialmente su Plan de Bioseguridad Nacional para el sector porcino.
Estos reconocimientos llegan en un momento en que las autoridades buscan modificar el presupuesto para continuar con los subsidios sociales, los cuales han sido criticados por economistas de centros de pensamiento como el CREES y la Fundación Economía y Desarrollo.
Estabilidad económica y obras
En el ámbito económico, el Gobierno ha logrado preservar el valor del peso, que muestra una apreciación significativa en los últimos meses, según datos del Banco Central. En junio, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) superó por casi RD$77 millones su meta de recaudación, mientras que la Dirección General de Aduanas (DGA) reportó un aumento de casi 3 % en la recaudación durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período de 2025.
Estos avances coinciden con la inauguración de obras relevantes, como el paso a desnivel de la Plaza de la Bandera, y las preparaciones para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de este año.
Importantes calificadoras de riesgo, bancos de inversión y entidades financieras internacionales, como Bank of America, Fitch, JP Morgan Chase y Santander, han evaluado positivamente los fundamentos macroeconómicos del país y sus políticas fiscal y monetaria, augurando un futuro prometedor a pesar de la incertidumbre geopolítica y la volatilidad de los mercados.
El texto original menciona que las encuestas de opinión pública indican que a la población le molesta poco que el Gobierno haya gastado cerca de US$15,000 millones desde 2020 financiando a las empresas distribuidoras de electricidad (EDE), aunque algunos economistas critican esta política.
