El senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, instó este jueves a las autoridades dominicanas a aplicar sanciones más severas contra el tráfico ilícito de migrantes, al considerarlo una amenaza directa a la seguridad nacional. En un mensaje difundido a través de sus redes sociales, el legislador pidió un 'mensaje claro de ley y orden' mediante el refuerzo de los controles en la frontera y un endurecimiento de las penas.
Fernández señaló que el tráfico de migrantes haitianos no es una simple falta migratoria, sino una actividad que fortalece redes delictivas y debilita la capacidad del Estado para resguardar sus límites territoriales. A su juicio, esta práctica compromete la seguridad del país y requiere una respuesta firme de las instituciones.
Cuestiona la falta de prisión para condenados
El legislador expresó su preocupación ante lo que considera una aplicación laxa de la justicia. Según detalló, de siete personas sentenciadas por este delito, cinco no cumplirán condena en prisión. En ese sentido, sostuvo que quienes se lucran con esta actividad deben enfrentar consecuencias acordes con la gravedad de sus actos.
Fernández reiteró su propuesta de construir un centro de detención para personas en situación migratoria irregular, con el objetivo de que quienes violen las leyes enfrenten las consecuencias legales correspondientes. Además, recordó que impulsó una iniciativa para inhabilitar de por vida a los condenados por tráfico de migrantes para ocupar cargos públicos. Aunque esa propuesta no avanzó, destacó que sí se logró ampliar a 20 años, después de cumplida la pena de prisión, el período de inhabilitación para ejercer funciones públicas.
Llamado a fortalecer las deportaciones
El senador también pidió al Estado reforzar los mecanismos de detención, procesamiento y repatriación de quienes permanezcan ilegalmente en el territorio nacional. Durante sus declaraciones, afirmó que existen irregularidades en algunos procesos de deportación y sugirió que el negocio del tráfico de migrantes no podría operar sin cierto grado de complicidad de las autoridades, aunque no presentó pruebas de ello.
Fernández insistió en que las autoridades deben actuar con mayor firmeza contra las redes dedicadas al tráfico ilícito de migrantes. Subrayó que garantizar el cumplimiento de la ley y el orden no es un acto de intolerancia, sino una obligación del Estado para proteger la seguridad y asegurar el respeto a las normas vigentes.
