El Gobierno de la República Dominicana logró un avance importante en sus esfuerzos para combatir la trata de personas, alcanzando el Nivel 2 en el reporte más reciente emitido por la Embajada de Estados Unidos en el país. Este progreso refleja la intensificación de las políticas públicas y las acciones legales ejecutadas por la administración para erradicar este delito en el territorio nacional.
Reformas legales y planes de acción
Dentro de las estrategias que impulsan este ascenso, destaca la modificación de la Ley 137-03 contra el Tráfico Ilícito y la Trata de Personas. Con este cambio, se eliminó la necesidad de probar el uso de fuerza, fraude o coacción en casos de trata que afecten a menores de edad, ajustando la normativa dominicana a los estándares internacionales de protección, especialmente en situaciones de explotación sexual.
Asimismo, la gestión gubernamental aprobó y financió el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas para el periodo 2025-2028. Como parte de este fortalecimiento institucional, se implementó la Resolución N.º 13-2024 para facilitar la entrega de identificaciones a personas apátridas, asegurando un trato digno y legal.
Persecución penal y supervisión laboral
En materia judicial, las autoridades reportaron un incremento en la persecución de estos delitos, con el inicio de 229 investigaciones y el procesamiento de 50 sospechosos. El compromiso con la transparencia se ha manifestado en la investigación de ocho funcionarios presuntamente involucrados, de los cuales tres ya enfrentan procesos judiciales, incluyendo miembros de las fuerzas de seguridad.
Por otro lado, el Ministerio de Trabajo reforzó la vigilancia en sectores como la construcción, la agricultura y la industria azucarera, realizando 1,050 inspecciones. Estas labores permitieron la suspensión de 11 empresas por indicios de trabajo forzoso. Además, mediante un programa piloto de registro migratorio, se logró la formalización de más de 7,400 trabajadores con contratos legales, reduciendo su vulnerabilidad.
Atención integral a las víctimas
La respuesta estatal también se ha centrado en la protección de los afectados, logrando la identificación de 136 víctimas. De este grupo, 134 recibieron asistencia completa pagada por el Estado, que incluyó servicios médicos, psicológicos, asesoría jurídica y traducción. Gracias al trabajo conjunto entre la Procuraduría, el Ministerio de la Mujer y el CONANI, se mantiene la operatividad de refugios especializados y la protección de testigos durante los juicios.
