El Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, ordenó este jueves el retiro de su embajadora en Nicaragua como respuesta a las recientes declaraciones del régimen de Daniel Ortega, que han sido calificadas como un ataque a la democracia en la región. La medida fue anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), que señaló que las afirmaciones de las autoridades nicaragüenses contradicen los principios democráticos y los compromisos del sistema interamericano.
La Cancillería dominicana reiteró que, según el artículo 1 de la Carta Democrática Interamericana, “los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”. En ese sentido, el presidente Abinader respaldó la postura de su gobierno y aseguró que República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y de las elecciones libres.
Reacción presidencial y defensa del voto libre
El mandatario dominicano utilizó sus redes sociales para dejar claro que la posición del país caribeño es invariable ante cualquier intento de justificar la supresión de la vía electoral en la región. “República Dominicana mantendrá firme su defensa de la democracia y del derecho de los pueblos de las Américas a elegir libremente a sus gobernantes”, reiteró Abinader, quien subrayó que nadie tiene la potestad de arrebatarle a un pueblo la capacidad de expresar su voluntad soberana a través del voto.
La postura del Gobierno dominicano se produjo después de que el domingo 21 de julio Daniel Ortega anunciara que “no volverán a haber elecciones” en territorio nicaragüense, lo que generó una oleada de críticas internacionales y una reacción inmediata de Santo Domingo. En un comunicado oficial, las autoridades dominicanas consideraron que dichas afirmaciones constituyen una negación absoluta de los principios democráticos básicos y del derecho de la ciudadanía nicaragüense a elegir a sus representantes mediante procesos electorales libres y transparentes.
Condena internacional y respuesta del régimen de Ortega
La reacción oficial de República Dominicana fue difundida por el Mirex, que emitió una condena en los términos más enérgicos a la decisión de Ortega y a sus declaraciones públicas. El comunicado señaló que “una declaración de esta naturaleza constituye un abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense a elegir libremente a sus autoridades”. Además, el texto advierte que el respeto a los procesos electorales es un compromiso colectivo asumido por los Estados de las Américas y un pilar fundamental del sistema interamericano.
Ante la firme condena dominicana, el régimen de Ortega y Rosario Murillo respondió con una nota de prensa en la que atacó a las autoridades de dicho país, calificando su postura de “servidumbres vergonzosas” y recurriendo a referencias históricas para cuestionar la legitimidad de la posición de Santo Domingo. La decisión de Daniel Ortega abrió una nueva etapa de presión internacional sobre Nicaragua, aumentó la incertidumbre sobre los comicios de 2027 y provocó condenas externas inmediatas. Brasil, Bolivia, Chile, Panamá y Costa Rica figuran entre los países que han manifestado preocupación y han exigido el respeto al derecho fundamental de la ciudadanía a elegir a sus gobernantes.
