El Gobierno dominicano ha logrado una intensificación sin precedentes en sus labores de control migratorio, cumpliendo con la estrategia de repatriación masiva impulsada por el presidente Luis Abinader. Tras el anuncio realizado en octubre de 2024, donde se estableció la meta de retornar hasta 10,000 extranjeros en situación irregular semanalmente, las cifras oficiales confirman una aceleración operativa que ha elevado el número de deportaciones de 276,215 en 2024 a 379,553 en 2025, lo que representa un crecimiento del 37.4 %.
Esta política de ordenamiento migratorio se ha consolidado como un pilar fundamental para la estabilidad nacional, apoyándose en un fortalecimiento integral de la Dirección General de Migración (DGM). El Ejecutivo ha instruido la mejora de las capacidades tecnológicas, de personal y de infraestructura, además de asegurar una coordinación estrecha entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad en la zona fronteriza.
Control operativo en la zona de Dajabón
La provincia de Dajabón se ha convertido en un punto clave para la ejecución de estas medidas. Según datos de la DGM, entre octubre de 2024 y agosto de 2026, se han deportado 202,294 ciudadanos haitianos por este control fronterizo, de los cuales 79,938 corresponden únicamente al transcurso de este año. Estos operativos no solo cubren la frontera, sino que abarcan interdicciones en diversas regiones del norte, incluyendo Santiago, Puerto Plata y Valverde, entre otras.
Durante el mes de agosto, la vigilancia se intensificó con la detención de 4,492 personas mediante 74 operativos realizados en diversas comunidades fronterizas. Estas acciones cuentan con el respaldo logístico de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, permitiendo un despliegue constante en rutas peatonales y puestos de chequeo para desarticular redes de tráfico de personas.
Fortalecimiento institucional y tecnológico
Para sostener este ritmo de trabajo, el Estado ha reforzado los recursos en el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón. La asignación de nuevos agentes e inspectores ha permitido potenciar el programa de registro y control biométrico, herramienta esencial para garantizar la legalidad en el acceso al mercado binacional. El presidente Abinader ha enfatizado que estas labores se ejecutan con un enfoque organizado y respetando los derechos humanos.
"el Gobierno estaba cumpliendo los objetivos trazados en materia de repatriaciones y sostuvo que los operativos se realizaban de manera organizada y con respeto a los derechos humanos."
A pesar de las observaciones realizadas por organismos como Amnistía Internacional respecto a los procesos de expulsión, las autoridades dominicanas han defendido la legalidad de sus acciones. El Gobierno sostiene que estas medidas son un ejercicio soberano de control migratorio necesario ante la crisis que atraviesa Haití, enfocándose en combatir el tráfico ilícito y mantener el orden en las fronteras nacionales.
