El Poder Judicial de la República Dominicana alcanzó una disminución del 93,28% en su inventario de expedientes activos durante el periodo comprendido entre 2019 y 2026. Según los informes de gestión presentados por el Consejo del Poder Judicial (CPJ), la institución logró pasar de un registro de 9,170 casos a solo 616 expedientes en archivo activo, consolidando un avance significativo en la eficiencia de la administración de justicia en el país.
Estos resultados, que sirven como base para la nueva gestión institucional, se fundamentan en los ejes estratégicos de Cero Mora, Transparencia y Acceso a la Justicia. La optimización de los procesos permitió que el tiempo promedio para tramitar un caso se redujera a 27 días, un contraste drástico frente a los periodos anteriores donde los procesos podían demorar hasta dos años.
Transformación digital y modernización de procesos
Uno de los pilares de este progreso fue la migración masiva de datos hacia la plataforma Statera 360. Entre finales de 2019 y principios de 2020, la Secretaría General de la Suprema Corte de Justicia trasladó 5,548 expedientes de las salas de la institución a este nuevo sistema digital. Este cambio fue crucial, ya que anteriormente cerca del 70% de las actuaciones se realizaban de manera manual.
La implementación de herramientas tecnológicas avanzadas, como la firma electrónica desde abril de 2020 y el Sistema Digital de Gestión de Casos, ha permitido un seguimiento en tiempo real de los recursos y solicitudes. Esta modernización se ha extendido progresivamente a diversas áreas, incluyendo las materias civil, penal, laboral, inmobiliaria, contencioso-administrativa y contencioso-tributaria.
Reducción de la presencialidad y acceso digital
La gestión gubernamental ha fomentado el uso de la plataforma Acceso Digital, permitiendo que los ciudadanos realicen trámites sin necesidad de asistir físicamente a las oficinas. Esta estrategia ha logrado que el 75% de las gestiones de la Secretaría General se realicen de forma virtual, lo que provocó una caída del 62,66% en las visitas presenciales entre enero de 2025 y julio de 2026.
Finalmente, los informes también destacan el fortalecimiento de la comunicación estratégica y el relacionamiento con la sociedad civil y organismos internacionales. Entre las tareas que quedan para la siguiente etapa institucional se encuentran la continuidad de la Política de Participación Social y la organización de eventos institucionales programados para finales de 2026 y el año 2027.
