Un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentado en la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026 destaca que el sistema de justicia de la República Dominicana ha logrado progresos importantes en materia de modernización, aunque aún enfrenta obstáculos estructurales que afectan el acceso ciudadano.
Resultados positivos en eficiencia y tecnología
El análisis, titulado "Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano", documenta logros concretos. La aplicación de la Ley núm. 339-22 sobre medios digitales ha permitido la firma digital de más de tres millones de documentos, con alrededor del 66% de los trámites procesados electrónicamente. Además, el tiempo promedio para resolver asuntos judiciales se redujo en 21.6 días.
Desde 2020, la capacidad resolutiva del sistema alcanzó un promedio nacional del 94.9%. Estos avances han sido reconocidos internacionalmente: el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025 ubica a República Dominicana en la posición 76 de 143 países, registrando una mejora del 2.1% en su puntuación general.
Desigualdades territoriales y limitaciones de acceso
Sin embargo, estos progresos no se distribuyen de manera uniforme en todo el país. Mientras el Distrito Nacional, con un índice de desarrollo humano alto, presenta una tasa de resolución del 100.5%, la provincia Santo Domingo reporta un 90.8% y Montecristi, con desarrollo humano bajo, apenas llega al 87.9%.
El documento subraya que
"el acceso a la justicia no es una abstracción jurídica; es una experiencia vinculada a la proximidad geográfica, la disponibilidad de servicios judiciales y la capacidad de respuesta local."
Un sondeo de opinión no representativo encontró que el 36.3% de los usuarios consultados enfrentó obstáculos en sus procesos judiciales, principalmente demoras, costos legales y deficiencias en la atención. Además, siete de cada diez personas desconoce la existencia de servicios digitales para consultar sus casos.
Disminución de recursos financieros y humanos
En contraste con las mejoras operativas, los recursos asignados al sistema judicial han experimentado una reducción. Entre 2021 y 2025, la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes bajó de 7.4 a 6.6. Paralelamente, el presupuesto del Poder Judicial disminuyó del 1.05% del presupuesto nacional en 2019 al 0.87% en 2025, una cifra muy por debajo del promedio regional.
El PNUD argumenta que
"Robustecer las capacidades del sistema judicial no debe entenderse como un gasto, sino como una inversión pública estratégica. Una justicia ágil, accesible y predecible es un habilitador indispensable para el desarrollo humano, en coherencia con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, Meta RD 2036 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)."
El análisis finaliza con una serie de recomendaciones que incluyen promover una justicia de proximidad, usar la tecnología como habilitador, planificar con base en datos y aplicar políticas diferenciadas por región.
