El Gobierno de Perú dejó claro que el reciente dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que calificó como arbitraria la detención del expresidente Pedro Castillo, no tiene fuerza vinculante ni altera las decisiones de la justicia peruana.
En un comunicado oficial, la Cancillería peruana explicó que las opiniones de ese mecanismo de Naciones Unidas “no tienen la naturaleza jurídica de una sentencia internacional, no constituyen decisiones jurisdiccionales obligatorias y no producen, por sí mismas, efectos directos en el ordenamiento jurídico interno”.
Gobierno defiende la autonomía del sistema judicial
El Ministerio de Relaciones Exteriores remarcó que el pronunciamiento del grupo de trabajo no altera las resoluciones emitidas por los órganos competentes del Estado peruano. Asimismo, explicó que dicho organismo forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y está integrado por expertos independientes que analizan denuncias individuales y formulan opiniones y recomendaciones dirigidas a los Estados.
La Cancillería añadió que, conforme al derecho internacional público, esos pronunciamientos tienen un carácter de supervisión no jurisdiccional y buscan promover el diálogo y la cooperación internacional en materia de derechos humanos.
La defensa de Castillo busca su liberación
La aclaración del Gobierno peruano se produjo después de que el abogado del exmandatario, Walter Ayala, presentara un recurso de hábeas corpus para solicitar la liberación inmediata de Pedro Castillo, apoyándose en el dictamen emitido por el grupo de trabajo de la ONU.
La defensa también pidió la nulidad de las medidas judiciales dictadas contra el exgobernante, incluyendo las órdenes de prisión preventiva de 18 y 36 meses, así como la sentencia en primera instancia de once años de prisión por el fallido intento de golpe de Estado de diciembre de 2022, decisión que actualmente se encuentra apelada.
Además, el recurso solicita dejar sin efecto la resolución del Congreso que declaró la vacancia presidencial de Castillo por incapacidad moral, al considerar que durante ese proceso no se respetó su derecho a la defensa.
Presidente interino deja abierta la posibilidad de evaluar un indulto
El hábeas corpus identifica como responsables de la presunta vulneración de los derechos del exmandatario al presidente interino, José María Balcázar; al ministro de Justicia, Luis Jiménez; al Congreso de la República; a magistrados de la Corte Suprema y al Ministerio Público.
Consultado sobre el informe de Naciones Unidas, Balcázar declaró que el documento “viene a modificar un poco el escenario jurídico, legal y constitucional” respecto a una eventual solicitud de indulto para Castillo. El mandatario señaló que esperará la presentación formal de un pedido por parte de la defensa del exjefe de Estado y afirmó que este deberá ser analizado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos antes de adoptar cualquier decisión.
Balcázar, quien entregará el mando presidencial el próximo 28 de julio a Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta electoral del 7 de junio, sostuvo que el informe del grupo de trabajo de la ONU podría fortalecer una nueva solicitud de indulto, aunque insistió en que corresponderá a las autoridades competentes evaluar su procedencia.
Partidarios convocan movilización
Este sábado, el excandidato presidencial Roberto Sánchez acudió junto a un grupo de simpatizantes al penal de Barbadillo, donde permanece recluido Pedro Castillo, para exigir su liberación. Durante la actividad anunció una movilización prevista para el próximo 15 de julio con el objetivo de respaldar la petición de libertad del exmandatario y exigir que las autoridades peruanas tomen en consideración el pronunciamiento emitido por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.
