En Perú, la Unión de Gremios en Defensa del Voto Ciudadano y otras diez agrupaciones empresariales, incluyendo la Sociedad Nacional de Industrias y la Confiep, han exigido una auditoría internacional a los sistemas informáticos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tras las elecciones del 12 de abril, solicitando también sanciones por las irregularidades detectadas.
Presión por transparencia electoral
Los pronunciamientos empresariales advierten que los cuestionamientos al proceso electoral están generando una crisis institucional y debilitando la legitimidad de las autoridades. Demandan la contratación de una firma auditora internacional de prestigio para revisar todos los programas utilizados por la ONPE e implementar un control concurrente integral durante todo el proceso.
La Confiep amplió el pedido, reclamando la intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público para garantizar la transparencia de los procedimientos.
Apoyo político y técnico
La candidata presidencial Keiko Fujimori de Fuerza Popular respaldó el llamado, afirmando que "toda medida que pueda corregir los errores de la ONPE será importante de cara a analizar los resultados de primera vuelta y, sobre todo, de cara a la segunda vuelta". Fujimori Higuchi destacó la importancia de concretar la auditoría antes del balotaje del 7 de junio.
Desde el ámbito legal, el exministro de Justicia José Tello valoró positivamente la iniciativa empresarial, señalando que "es positivo que hayan solicitado una auditoría a los sistemas informáticos de la ONPE" y que "todos los programas que se utilizaron para las elecciones, para el antes, durante y el conteo de los votos, tienen que ser revisados, se le debe dar tranquilidad a la ciudadanía". Sin embargo, advirtió que completar el proceso antes de la segunda vuelta es "muy complicado".
El abogado especialista en derecho digital Erick Iriarte sostuvo que "todos los softwares que desarrolla el Estado deben pasar por una auditoría" y que la revisión debe abarcar la totalidad de los programas empleados.
Desafíos de implementación
Enzo Elguera, abogado electoral y CEO de Imasolu, precisó que la decisión final de realizar una auditoría corresponde únicamente a la ONPE. Señaló que, incluso con financiamiento extraordinario, la contratación de una firma auditora requeriría un proceso de licitación internacional, lo que dificulta una resolución previa al 7 de junio.
Las organizaciones empresariales han delineado una hoja de ruta que incluye la auditoría independiente y un control concurrente integral antes, durante y después de la segunda vuelta, solicitando también la divulgación del estado de las actas impugnadas.
Los especialistas coinciden en que, aunque la viabilidad de una auditoría completa antes del balotaje es baja debido a los plazos administrativos y técnicos, una revisión independiente fortalecería la legitimidad democrática y contribuiría a restaurar la confianza ciudadana en las instituciones.
