Dos organizaciones de derechos humanos presentaron una demanda este miércoles contra el gobierno de Donald Trump, alegando que las sanciones impuestas a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus investigaciones sobre la guerra en Gaza han limitado ilegalmente su capacidad para defender a los palestinos. Las agrupaciones, DAWN y Taxpayers Alliance Against Genocide, sostienen que han tenido que autocensurarse para evitar represalias de la Casa Blanca, que en una orden ejecutiva del año pasado no solo atacó al tribunal con sede en La Haya, sino que también prohibió cualquier tipo de servicio o intercambio con entidades sancionadas.
La demanda, presentada ante un tribunal federal en Manhattan contra altos funcionarios del gobierno estadounidense, busca una orden judicial que anule las restricciones que afectan su trabajo y su capacidad de colaborar con grupos palestinos de derechos humanos y otras partes señaladas en las sanciones. Según los demandantes, las medidas del Ejecutivo vulneran derechos constitucionales al castigar a defensores de derechos humanos y vigilar expresiones políticas.
Acusaciones de violaciones constitucionales
Omar Shakir, director ejecutivo de DAWN —una organización fundada por el periodista asesinado Jamal Khashoggi que promueve la democracia en el mundo árabe—, afirmó que el gobierno de Trump está usando las sanciones económicas como un instrumento para castigar a activistas y controlar el discurso político. "El gobierno está violando los derechos constitucionales de los ciudadanos estadounidenses para proteger a funcionarios de un gobierno extranjero que han cometido un genocidio", declaró Shakir en un comunicado.
La Casa Blanca no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre la demanda. La CPI, que investiga crímenes de guerra en Gaza desde el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, emitió en 2024 órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, órdenes que Netanyahu calificó de "absurdas". Ni Estados Unidos ni Israel son miembros del tribunal, y ambos rechazan su autoridad.
El alcance de las sanciones
En respuesta a las órdenes de arresto, Trump emitió una orden ejecutiva el año pasado acusando a la CPI de "acciones ilegítimas" contra Estados Unidos e Israel, y advirtió sobre "consecuencias tangibles y significativas". Desde entonces, Washington ha sancionado a grupos palestinos de derechos humanos, jueces y empleados de la CPI, así como a Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para Cisjordania y Gaza. La familia de Albanese presentó una demanda en febrero alegando que las sanciones violan la Primera Enmienda.
La demanda de DAWN detalla que la organización ya ha detenido informes para la CPI sobre la conducta de Israel, ha dejado de intercambiar pruebas con ONG sancionadas y ha interrumpido su colaboración con Albanese. "El efecto amedrentador sobre los demandantes ha sido profundo", señala el texto legal, que advierte que los activistas enfrentan penas de prisión y multas si proporcionan cualquier servicio a las partes designadas, lo que ha llevado a la autocensura.
El secretario de Estado Marco Rubio, uno de los demandados, criticó al tribunal esta semana y prometió "desmantelar la CPI —ladrillo por ladrillo, si es necesario—" en un artículo de opinión. Advirtió que el tribunal podría someter a agentes de la Patrulla Fronteriza y fiscales federales a su jurisdicción, lo que calificó como una amenaza a la soberanía estadounidense. El Departamento de Estado ha indicado que la campaña contra la CPI podría incluir más sanciones, revocación de visas y prohibiciones de viaje para empleados del tribunal.
