La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó de forma unánime una resolución que exige al gobierno de Nicaragua la realización de procesos electorales y la liberación inmediata de los presos políticos en ese país. Esta medida surge tras la confirmación del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, sobre su decisión de no convocar nuevos comicios en el territorio centroamericano.
La resolución fue impulsada por un bloque integrado por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Paraguay y Perú, con el objetivo de que las autoridades de Nicaragua garanticen las condiciones necesarias para llevar a cabo "la celebración de elecciones libres, justas e inclusivas".
Postura de Estados Unidos frente a Managua
Tras la reunión extraordinaria de los cancilleres en la sede de la OEA en Washington, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, señaló que su nación mantiene "todas las opciones sobre la mesa" para pedir rendición de cuentas al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Segura argumentó que es claro que Ortega "no tiene voluntad de negociar", citando como prueba el rechazo a la embajadora estadounidense Natasha Franceschi, una diplomática de carrera nominada por el presidente Donald Trump.
Según el funcionario estadounidense, este tipo de acciones evidencia que Managua "no quiere tener un diálogo serio", lo cual choca con la intención de Washington de "mantener un canal diplomático profesional con el país".
Detalles de la resolución y contexto regional
Aunque el documento aprobado por la OEA no establece sanciones directas contra el gobierno de Ortega y Murillo, el texto solicita la restauración de la separación de poderes, la información sobre el paradero de personas desaparecidas y la restitución de la nacionalidad a quienes fueron despojados de ella. Se acordó que una delegación dará seguimiento a la situación y se volverá a reunir en un plazo de noventa días.
La reunión contó con la presencia de ministros de Relaciones Exteriores de siete países: Guatemala, Paraguay, Jamaica, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Haití; el resto de los 34 Estados miembros enviaron delegaciones de menor jerarquía. Por otro lado, la organización Human Rights Watch (HRW) informó que, de los 222 presos políticos que fueron expulsados hacia Estados Unidos en febrero de 2023 tras ser señalados como "traidores", siete de los ocho detenidos actualmente forman parte de ese grupo.
