El nuevo Código Penal dominicano, que ya entró en vigencia, establece penas de hasta 20 años de cárcel para quienes roben teléfonos celulares, una medida drástica para combatir el delito más frecuente en el país. La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, informó que la sustracción de estos dispositivos encabeza las estadísticas nacionales, superando incluso al hurto de motocicletas y metales.
La funcionaria explicó que los teléfonos inteligentes ya no son solo objetos de valor, sino que almacenan datos personales, financieros e institucionales. Por eso, su robo expone a las víctimas a riesgos adicionales como la suplantación de identidad, estafas electrónicas y chantajes, lo que convierte al delito en una amenaza múltiple para la ciudadanía.
Las penas específicas según la nueva ley
El marco legal actualizado establece consecuencias severas para disuadir a los delincuentes. La pena específica por robo de un celular va de 10 a 20 años de prisión, considerándose una modalidad especialmente agravada. En casos de robo agravado general, sin violencia, la condena es de 5 a 10 años. Si el acto incluye violencia física, uso de armas de fuego o blancas, amenazas o coloca a la víctima en estado de indefensión, la sanción escala hasta los 20 años de cumplimiento efectivo.
Escenarios que agravan el delito
La normativa detalla varias situaciones que convierten el robo en agravado. Entre ellas están: el uso de vehículos de motor, como motocicletas, para cometer el delito; robos en transporte público o terminales; el uso de disfraz, máscaras o la nocturnidad para ocultar el rostro; delitos en depósitos de bienes o mercancías; cuando el perpetrador es empleado de la víctima, y cuando la víctima está accidentada, desmayada o en situación de indefensión.
Además de las penas de prisión, se ha puesto en marcha una estrategia operativa liderada por el Ministerio Público y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en coordinación con las empresas de telefonía. Una vez que la víctima interpone la denuncia, se activa un protocolo para inhabilitar de inmediato el código IMEI del teléfono, dejándolo fuera de servicio en redes nacionales e internacionales y eliminando su valor de reventa en el mercado negro.
