La Métrica de Justicia Abierta funcionará como un instrumento clave para detectar progresos y áreas de oportunidad en el sistema de justicia de la República Dominicana, utilizando la evidencia para guiar las decisiones de las instituciones. Así lo afirmó Ana María Díaz, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el país, durante la presentación oficial de esta iniciativa.
Díaz explicó que la justicia no se limita a la aplicación de normas y procedimientos, sino que su verdadera esencia radica en su capacidad para atender las necesidades ciudadanas, asegurar los derechos y brindar soluciones efectivas y rápidas. Según la representante, la justicia abierta trasciende la simple publicación de datos.
“Desde esta perspectiva, la justicia abierta va más allá de publicar información. Supone instituciones que rinden cuentas, que explican sus decisiones, que escuchan a la ciudadanía y colaboran para mejorar sus servicios”
Evaluación de la gestión institucional
Esta herramienta permite evaluar cuatro pilares esenciales: la participación, la colaboración, la transparencia y la rendición de cuentas. El análisis de estos ejes permitirá orientar políticas y ejecutar mejoras reales dentro del ecosistema de justicia dominicano. El proyecto es fruto de un proceso de colaboración que ya incluyó la presentación de resultados preliminares en julio ante 23 instituciones distintas.
El lanzamiento de esta métrica busca establecer un estándar de referencia para el seguimiento de los avances y la mejora institucional. Además, esta acción se alinea con los objetivos del PNUD para fomentar el desarrollo humano sostenible y la gobernabilidad democrática, conectando con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la Agenda 2030, orientado a construir instituciones responsables y sociedades pacíficas.
Fortalecimiento de la transparencia y cooperación
La implementación de esta métrica es parte de la cooperación técnica entre el PNUD y el Poder Judicial dominicano, con el fin de acompañar la transformación del sistema hacia un modelo enfocado en el bienestar de la gente. Díaz destacó que la alianza busca conectar las herramientas desarrolladas con las prioridades de largo plazo del Estado para crear capacidades que perduren en el tiempo.
Durante su intervención, la representante reconoció el liderazgo del magistrado Luis Henry Molina en la promoción de la apertura institucional y calificó como una muestra de madurez democrática el hecho de que las entidades participantes accedan a este proceso de evaluación. El proyecto cuenta con la colaboración del World Justice Project (WJP) y utiliza una metodología adaptada del modelo mexicano al contexto de la República Dominicana.
“La apertura institucional adquiere su sentido más profundo cuando reduce las distancias entre las instituciones y las personas”
