El doctor Domingo Peña Nina, gineco-obstetra desde 1973, ha planteado un debate sobre la necesidad de despenalizar el acto médico en la República Dominicana, en el marco de la próxima entrada en vigencia de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal. Para el especialista, la distinción entre la vía penal y la civil no es un asunto meramente técnico, sino que define el alcance de las consecuencias para el profesional y la institución de salud.
Según Peña Nina, el ejercicio de la medicina es un apostolado de buena voluntad guiado por el deseo de restaurar la salud perdida. Sin embargo, la inminente aplicación de la Ley 74-25 ha reavivado la inquietud sobre si el error médico debe ser tratado bajo el derecho penal. Desde una perspectiva ética y profesional, el galeno sostiene que la respuesta debe ser un firme llamado hacia la despenalización del acto médico.
La naturaleza del acto médico frente al derecho penal
El especialista argumenta que la lógica penal está diseñada para castigar la intención delictiva (animus nocendi), un elemento ajeno al accionar del médico. En la práctica clínica, no existe dolo; existe el riesgo inherente a la biología humana y a la complejidad de las intervenciones. Tipificar como «crimen» una complicación no intencionada, a su juicio, desnaturaliza la práctica profesional y convierte al facultativo en un sujeto de persecución constante.
Peña Nina advierte que cuando el médico trabaja bajo la sombra del derecho penal, la relación médico-paciente se deteriora y se transforma en una relación de desconfianza. El médico, por miedo a las consecuencias penales, puede terminar practicando una «medicina defensiva», que no busca el bien del paciente, sino la protección jurídica propia.
Un modelo de éxito global
El galeno señala que la despenalización no es una propuesta aislada ni un privilegio sectorial, sino una tendencia probada con éxito en múltiples jurisdicciones desarrolladas. En muchos países, se ha comprendido que el derecho penal debe ser la última ratio y no la herramienta ordinaria para resolver conflictos profesionales.
Estos modelos han optado por fortalecer la vía civil como el canal exclusivo para la reparación del daño, estableciendo topes indemnizatorios que garantizan el resarcimiento justo del paciente sin destruir la estabilidad económica del profesional ni del sistema de salud. Peña Nina sostiene que esta transición permite que la medicina recupere su vocación, liberándola del yugo de la medicina defensiva impuesta por el miedo al castigo privativo de libertad.
“La sociedad debe entender que lo que un paciente requiere tras una mala praxis es la restitución del daño (indemnización, atención médica correctiva, apoyo), no la cárcel del profesional. El encarcelamiento del médico no sana al paciente ni mejora los estándares de salud pública”, afirmó el galeno.
El imperativo de la vía civil como cauce de solución
Peña Nina sostiene que la sociedad merece justicia, pero la justicia en salud se mide por la reparación integral del daño, no por la retribución penal del facultativo. El camino hacia la excelencia médica requiere un sistema donde la Lex Artis sea el escudo, es decir, el estricto cumplimiento de los protocolos científicos debe ser la salvaguarda contra cualquier persecución infundada.
Asimismo, plantea que la responsabilidad civil debe ser el mecanismo, con tribunales especializados en derecho sanitario, apoyados en seguros de responsabilidad profesional obligatorios y topes indemnizatorios, que aseguren que la protección del paciente sea la prioridad sin criminalizar el acto de curar.
“La despenalización es un requisito para una medicina humanista. Al desplazar el conflicto del ámbito penal al civil, no renunciamos a la justicia; por el contrario, la refinamos. Es tiempo de que el legislador reconozca que un sistema de salud sano es aquel donde el médico puede ejercer con plena vocación, sabiendo que el error humano es tratado con equidad, criterio científico y proporcionalidad legal, y no como una ofensa criminal”, concluyó Peña Nina.
