La República Dominicana enfrenta el desafío de transformar su modelo económico para consolidarse como un referente de inversión y desarrollo en la región, un objetivo que, según analistas, requiere avances profundos en educación, institucionalidad y políticas públicas centradas en la ciudadanía.
Las declaraciones de la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro, sobre la necesidad de adaptar la economía nacional a los nuevos desafíos globales y fortalecer la competitividad han puesto sobre la mesa las condiciones reales que deben darse para alcanzar esas metas. El país cuenta con ventajas estratégicas como su ubicación geográfica, el liderazgo regional en conectividad aérea y marítima, y el crecimiento sostenido del turismo y las zonas francas, pero convertirse en el “Hub del Caribe” exige transformaciones más profundas.
Educación: el pilar del progreso
Uno de los principales retos sigue siendo la educación. La segregación escolar vinculada a las condiciones socioeconómicas limita la igualdad de oportunidades y la movilidad social. Para hablar de competitividad internacional, los jóvenes dominicanos necesitan una formación que les permita competir con sus pares de la región. Aunque el país ha elevado la inversión pública en educación del 2 % al 4 % del PIB, la calidad sigue siendo un desafío. La capacitación docente, así como el fortalecimiento de competencias pedagógicas, lingüísticas y tecnológicas, son tareas pendientes. No obstante, las evaluaciones internacionales muestran mejoras graduales en lectoescritura y ciencias, lo que refleja avances alentadores. Como expresó la educadora María Montessori: «Siembra en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón».
Instituciones sólidas y seguridad ciudadana
El desarrollo económico sostenible también requiere un sistema judicial independiente, instituciones transparentes y un régimen de consecuencias efectivo. La seguridad ciudadana es un factor determinante para atraer inversiones y fortalecer el turismo, por lo que un sistema de seguridad profesional y confiable resulta indispensable. Fortalecer la institucionalidad del Estado y garantizar la continuidad de políticas públicas más allá de los cambios de gobierno, como la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es clave para construir una visión de país a largo plazo.
Protección al consumidor y reforma fiscal
La protección al consumidor también genera inquietud. Instituciones como ProConsumidor e INESPRE vigilan el mercado, pero persiste la percepción de que los mecanismos de supervisión no siempre responden con firmeza ante diferencias de precios en productos esenciales. Aunque existen herramientas tecnológicas para orientar al consumidor, el reto es traducir esa información en beneficios concretos. En el ámbito fiscal, las recientes modificaciones tributarias han generado debates. Empresarios y representantes industriales han expresado preocupación por los efectos de nuevas cargas fiscales en áreas como la bancarización, la formalización económica y la competitividad. Las inquietudes incluyen incrementos en transacciones financieras y contribuciones al transporte aéreo, medidas que podrían afectar al turismo y las remesas, pilares de la economía dominicana.
Un compromiso de todos
La construcción de una República Dominicana más competitiva es una responsabilidad colectiva que involucra a instituciones, empresarios, trabajadores y ciudadanos. Los gobernantes deben escuchar a la población, especialmente a los más vulnerables, mientras que los ciudadanos deben cumplir sus obligaciones y exigir transparencia. Como sostenía el expresidente uruguayo José «Pepe» Mujica, la función pública debe guiarse por la austeridad, la honestidad y el compromiso con el bienestar colectivo. Al final, será la ciudadanía quien juzgue si las decisiones actuales construyen el país próspero, equitativo y moderno que se aspira a heredar a las futuras generaciones.
