El eurodiputado español Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez, cuestionó la gestión migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez durante una entrevista en el programa 55 Minutos, transmitido por CDN, canal 37, en el marco de su agenda privada en República Dominicana. Pérez acusó al Ejecutivo español de no actuar con firmeza ante la crisis migratoria y criticó la respuesta oficial a los hechos ocurridos en la frontera de Ceuta.
Durante su intervención, el presidente del partido Se Acabó La Fiesta (SALF) afirmó que viajó al país para avanzar en investigaciones que, según dijo, comparte con la Procuraduría General de la República Dominicana sobre excargos del Gobierno español. Aseguró que la migración puede ser utilizada como una herramienta de presión política, económica o comercial contra un Estado.
Señalamientos contra excargos españoles
Pérez mencionó los nombres de José Bono y Magdalena Álvarez, y sostuvo que algunos de esos excargos tendrían negocios en el país, unos declarados y otros, según su versión, a través de su círculo familiar. Afirmó haber presentado esa información ante la Procuraduría. Estas imputaciones son formuladas por el eurodiputado y ninguna ha sido establecida por un tribunal; las personas mencionadas se presumen inocentes.
El eurodiputado también se refirió a una operación inmobiliaria que involucraría a un exdirector de la Policía Nacional y a un exministro españoles, a la que atribuyó un supuesto enriquecimiento irregular. Todas estas son acusaciones que Pérez formula sin que exista resolución judicial al respecto.
Críticas a la gestión migratoria española
Pérez atribuyó la situación migratoria en España a lo que describió como una ideología de fronteras abiertas y sostuvo que el Gobierno de Sánchez mantiene una posición de debilidad frente a Marruecos. Afirmó que, según un informe que atribuyó a los servicios de inteligencia españoles, lo ocurrido en Ceuta habría sido organizado desde el gobierno marroquí. Dijo que su partido presentó denuncias vinculadas a esos hechos, incluida una que describió como querella por delitos de lesa humanidad contra el rey Mohamed VI.
El eurodiputado también vinculó la migración irregular con un aumento de la criminalidad, en afirmaciones generales que no sustentó con datos oficiales. Sobre República Dominicana planteó un escenario hipotético, pero aclaró de manera expresa que no opinaría sobre las políticas migratorias del país. Insistió, en cambio, en su respeto por RD. "Yo no hablo y nunca he hablado mal de República Dominicana", afirmó.
Opinión sobre el nuevo Código Penal dominicano
Consultado sobre el nuevo Código Penal dominicano, vigente desde el 3 de agosto de 2026, Pérez se mostró contrario a la idea de un tipo penal específico para sancionar la injuria a políticos o funcionarios, al que calificó de aberración jurídica. Trazó un paralelo con lo que describe como su propia situación en España y sostuvo que los cargos electos no deben tener un régimen distinto al del resto de los ciudadanos.
Pérez describió lo que llamó una instrumentalización de la justicia, fenómeno conocido en la región como lawfare, y afirmó afrontar seis causas ante el Tribunal Supremo español, que atribuye a persecución política. Se refirió al proceso por 100,000 euros recibidos del empresario Álvaro Romillo, relacionado con una presunta financiación irregular de campaña, y sostuvo que declaró esos ingresos y pagó impuestos, negando irregularidades.
Las personas mencionadas en esta nota se presumen inocentes hasta que una sentencia judicial firme determine lo contrario, conforme al artículo 69 de la Constitución de la República Dominicana y al Código Procesal Penal vigente. Los señalamientos reproducidos corresponden a declaraciones del entrevistado y no constituyen imputaciones de este medio.
