La República Dominicana logró una calificación de 82 sobre 100 en el apartado de transparencia de la Encuesta de Presupuesto Abierto correspondiente al año 2025, superando su propio registro previo y ubicándose dentro del rango considerado suficiente para un debate público informado sobre las finanzas del Estado.
Progreso constante en rendición de cuentas
La investigación, realizada por el International Budget Partnership y la Fundación Solidaridad, evaluó a 83 naciones en tres aspectos clave: transparencia, participación de la ciudadanía y supervisión institucional. El país ha mostrado una mejora sostenida en la última década, pasando de 51 puntos en 2015 al máximo histórico actual de 82. Este progreso se vincula directamente con el trabajo realizado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) para hacer más accesibles los documentos fiscales.
No obstante, el informe señala que es necesario mejorar la publicación de datos sobre cómo se ejecuta el presupuesto, lo cual permitiría un mejor escrutinio por parte de la sociedad y los órganos de control, reduciendo así los riesgos de malversación y aumentando la confianza en las instituciones.
Áreas de oportunidad identificadas
En el pilar de participación ciudadana, la nación obtuvo 52 puntos, mostrando una ligera mejoría frente al resultado de 2023. Se reconocen avances como la creación de consejos de desarrollo y la realización de consultas públicas, pero se destaca la necesidad de incluir de forma más efectiva a los grupos sociales que tradicionalmente han estado menos representados en estos procesos.
Asimismo, se recomienda al Congreso Nacional que fomente una mayor intervención del público en las audiencias sobre el presupuesto y en la revisión de los informes de auditoría, como una vía para robustecer la rendición de cuentas.
Fortalecimiento de la supervisión
En lo referente a la vigilancia institucional, el país alcanzó 56 puntos, una pequeña mejora que aún lo mantiene en la categoría de 'limitada'. Esto refleja la necesidad de reforzar tanto el control ejercido por el poder legislativo como los procedimientos de auditoría.
El estudio sugiere que el Congreso debe analizar con mayor profundidad la política presupuestaria, publicar reportes de evaluación y dar seguimiento a la ejecución del gasto. También recomienda que la Cámara de Cuentas someta sus revisiones a evaluaciones externas independientes para garantizar su calidad técnica y credibilidad.
El documento finaliza señalando que la transparencia en el manejo de los recursos públicos es una condición fundamental para fortalecer la confianza de la población y mejorar la eficiencia del gasto estatal, permitiendo a la sociedad civil y a los medios de comunicación ejercer un control más efectivo sobre la gestión gubernamental.
