La República Dominicana logró mantener su posición en el Nivel 2 del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos, un resultado que destaca los esfuerzos constantes de la administración dominicana para combatir la trata de personas. Tras haber salido de la Lista de Vigilancia en 2025, el país demuestra una respuesta estatal más activa, evidenciada por el incremento en las condenas judiciales y los procesos legales contra los traficantes.
Fortalecimiento del marco legal y judicial
Uno de los pilares del progreso reportado es la reforma a la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, implementada en julio de 2025. Esta modificación legislativa permitió endurecer las sanciones, eliminar la prescripción de los delitos e incluir la responsabilidad de los funcionarios públicos que omitan su deber de prevenir estos crímenes. Gracias a este entorno de mayor rigor, los tribunales dictaron 30 sentencias contra traficantes en 2025, una cifra que supera significativamente las 11 condenas registradas en 2024.
El compromiso con la justicia también se reflejó en el aumento de los procesamientos, que pasaron de 50 en el año anterior a 73 en 2025. Entre los casos de mayor impacto, destaca la condena de 20 años de prisión para un agente de la Policía Nacional por delitos de trata sexual. Asimismo, la gestión gubernamental logró identificar a 139 víctimas durante 2025, asegurando que todas recibieran atención a través de servicios estatales o con apoyo del Estado.
Continuidad en el cumplimiento de estándares
El informe estadounidense subraya que, aunque el país mantiene el Nivel 2 —lo que significa que todavía existen tareas pendientes para alcanzar los estándares mínimos de la legislación de ese país—, la trayectoria es de avance sostenido. La permanencia en esta categoría garantiza la estabilidad institucional, ya que no activa las restricciones de asistencia que se aplican a los países en el Nivel 3.
En cuanto a la reparación económica, los tribunales ordenaron que siete condenados pagaran un total de 21.77 millones de pesos en concepto de restitución para cuatro víctimas, aunque el pago efectivo depende de la resolución de las apelaciones en curso.
Desafíos y áreas de mejora para la gestión
A pesar de los logros institucionales, el reporte identifica áreas donde el Gobierno dominicano debe intensificar su labor para alcanzar la excelencia en la protección de los derechos humanos. Se señaló la necesidad de robustecer las investigaciones relacionadas con la trata laboral, ya que los esfuerzos actuales se han concentrado mayormente en la modalidad de trata sexual en entornos urbanos.
El documento también menciona la importancia de ampliar la detección de víctimas en sectores rurales y mejorar los protocolos de identificación durante los procesos migratorios para evitar la vulnerabilidad de los trabajadores. El fortalecimiento de los programas de registro para trabajadores migrantes y la atención especializada para hombres también figuran como puntos clave para la evolución de la estrategia nacional de protección.
