La Junta Central Electoral (JCE) ha sido clara al establecer que las encuestas políticas fuera del marco legal y la campaña electoral anticipada están prohibidas. Sin embargo, en la práctica, esas normas se incumplen de manera abierta y constante, lo que ha generado un fuerte cuestionamiento sobre la capacidad de la autoridad para hacer valer la ley.
A diario aparecen nuevas mediciones de opinión, algunas de firmas conocidas y otras que surgen de la noche a la mañana, sin historial ni metodología verificable. Se publican en redes sociales, programas digitales y medios de comunicación, moldeando percepciones e instalando candidaturas mucho antes de lo permitido por el calendario electoral.
Silencio que preocupa
Si la JCE dictó reglas claras, ¿por qué se incumplen de forma tan evidente? Si las encuestas difundidas violan las disposiciones vigentes, ¿por qué no se conocen sanciones, investigaciones o pronunciamientos públicos que expliquen la situación? El silencio de la autoridad, según se plantea, envía un mensaje peligroso: que las normas pueden ignorarse sin consecuencias.
La misma situación se repite con la campaña electoral anticipada. La legislación dominicana fija plazos precisos para el proselitismo, pero la realidad muestra una competencia permanente. Actos políticos, promoción de aspiraciones, propaganda disfrazada de actividades institucionales y una presencia constante de precandidatos han convertido la política en una campaña de tiempo completo. En la práctica, el país parece llevar seis años en campaña electoral continua.
El rol de los partidos
Resulta llamativo el silencio de los propios partidos políticos. Muchos denunciaron en el pasado la proliferación de encuestas irregulares. Hoy, cuando algunas parecen favorecer sus intereses, las críticas han desaparecido. La defensa de la institucionalidad no puede depender de quién resulte beneficiado, se advierte.
Las encuestas, cuando se realizan con rigor científico, son herramientas legítimas para conocer tendencias de opinión. El problema surge cuando dejan de ser instrumentos de investigación para convertirse en mecanismos de propaganda, presión psicológica o construcción artificial de candidaturas. La regulación existe para proteger la equidad de la competencia y evitar que estudios sin transparencia manipulen la voluntad del electorado.
La pregunta clave
La JCE tiene una enorme responsabilidad. No basta con emitir resoluciones si estas quedan archivadas mientras la realidad avanza en sentido contrario. La autoridad electoral se fortalece cuando hace cumplir la ley, no cuando observa pasivamente cómo otros la desafían. Ante esto surge una inquietud: si la JCE no ha logrado contener la difusión de encuestas y la campaña anticipada, ambas expresamente reguladas, ¿qué garantías ofrece de cara al proceso electoral de 2028?
La confianza ciudadana no se construye únicamente el día de las elecciones. Se construye todos los días, haciendo respetar las reglas por igual para todos. Porque cuando las leyes dejan de aplicarse, dejan de ser leyes y se convierten en simples recomendaciones. Y una democracia no puede sostenerse sobre recomendaciones: necesita instituciones capaces de hacer cumplir las normas, aunque ello resulte incómodo para quienes pretenden adelantarse al calendario o influir en la opinión pública al margen de las reglas del juego.
