El gobierno de Estados Unidos celebró la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y, de paso, instó a otros países miembros, incluido El Salvador, a seguir ese mismo camino. La postura estadounidense se produce justo cuando han salido a la luz informes que señalan probables crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de excepción salvadoreño, lo que ha encendido las alarmas sobre un posible intento de evadir la justicia internacional.
El 25 de julio, el Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado en el que 'acoge con satisfacción la decisión de la presidenta interina Delcy Rodríguez y Venezuela de retirarse de la CPI'. En ese texto, Washington calificó al tribunal internacional como una institución 'corrupta', 'inútil' y que realiza una 'aplicación selectiva de la justicia', asegurando que 'carece de credibilidad, independencia y legitimidad'. Tras celebrar el paso de la dictadura venezolana, el Departamento de Estado 'insta a todos los miembros de la CPI a retirarse del Estatuto de Roma'.
El llamado de EE.UU. en medio de informes sobre El Salvador
El llamado del Ejecutivo estadounidense ocurre en un momento clave: se han publicado los informes de GIPES y Amnistía Internacional que señalan probables crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de excepción en El Salvador. De modo que la invitación norteamericana a denunciar el Estatuto de Roma se hace cuando quienes controlan el Estado salvadoreño tienen un incentivo para seguir los pasos de la dictadura venezolana. Ante eso, es necesario aclarar a las autoridades y a la sociedad salvadoreña los efectos de la denuncia del Estatuto de Roma.
El 26 de noviembre de 2015, El Salvador ratificó el Estatuto de Roma, tratado que constituye la CPI. El país se sometió a las disposiciones de ese tratado que castigan con prisión a los individuos que cometen los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión. El tribunal internacional ha sorteado muchas dificultades, pero se ha ido asentando como un mecanismo de justicia para castigar a quienes cometen los crímenes de naturaleza más grave.
Los efectos legales de una denuncia del Estatuto de Roma
Venezuela se adhirió al Estatuto de Roma en el año 2000. Recientemente, el canciller comunicó que el Estado venezolano había denunciado el tratado, iniciando el proceso para retirarse de ese instrumento internacional. El canciller justificó mediáticamente la decisión así: 'La actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global'.
El artículo 127 del tratado dispone que, en efecto, los Estados miembros pueden denunciar el instrumento. Sin embargo, la denuncia surtirá efecto, por lo menos, hasta un año después de que se reciba la notificación. Además, la denuncia del tratado no exonera al Estado de las obligaciones que tenía mientras era miembro del mismo. Así, si el Estado de El Salvador decide denunciar el Estatuto de Roma, la CPI continuaría siendo competente para conocer de los probables crímenes de lesa humanidad que se cometieron en El Salvador durante el régimen de excepción, hasta antes de que surta efecto la denuncia. De igual manera que con la dictadura venezolana, la denuncia del Estatuto de Roma no opera como una solución efectiva para mantener la impunidad de los crímenes de lesa humanidad que podrían haberse cometido en los últimos años.
La ultraactividad de la competencia de la CPI ante una eventual denuncia no es el único seguro contra la impunidad. La persecución internacional de crímenes de lesa humanidad no se limita a la Corte Penal Internacional. Muchos países reconocen la justicia universal en su Derecho Penal para juzgar, desde sus tribunales nacionales, los crímenes de esta naturaleza que se han cometido en otros países, como Venezuela o El Salvador. Esta vía de perseguir a los criminales internacionales opera de manera alternativa a la CPI.
