Dos ciudadanos dominicanos, identificados como Rafael H. y Domingo R., fueron extraditados a los Estados Unidos este fin de semana tras ser requeridos por un tribunal federal del Distrito Sur de Florida. La entrega se realizó por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico, según detalló la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).
El proceso de traslado contó con la colaboración de la Procuraduría General de la República (PGR) y el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals Service). Los implicados salieron del Aeropuerto Internacional de Las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez en un vuelo con destino a Miami, donde permanecieron bajo la vigilancia de oficiales estadounidenses durante todo el trayecto.
Detalles de la acusación en Florida
Los sujetos, conocidos con los alias de "Pequeño", "Viejo", "Tyson" o "El Sobrino", enfrentan cargos por asociación delictuosa para la distribución de cocaína. La justicia estadounidense les imputa una conspiración para introducir al país cinco kilogramos de una sustancia que contenía cantidades detectables de cocaína.
Las autoridades judiciales de Florida sostienen que ambos hombres tenían pleno conocimiento de que dicha sustancia sería ingresada de manera ilegal al territorio estadounidense. Una vez en Miami, los procesados deberán presentarse ante el tribunal correspondiente para determinar su situación legal.
Procedimiento legal y decretos ejecutivos
La entrega de los dominicanos se formalizó mediante decretos del Poder Ejecutivo, específicamente el 610-26 para Rafael H. y el 612-26 para Domingo R. Estos documentos se emitieron tras recibir la aprobación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que es el organismo encargado de validar las solicitudes de extradición en la República Dominicana.
Tanto la PGR como la DNCD explicaron que este operativo es parte de los mecanismos de cooperación internacional para la captura de personas buscadas por la justicia de otros países. Con esta acción, las instituciones dominicanas buscan fortalecer los lazos de asistencia jurídica con organismos extranjeros en la lucha contra el crimen organizado.
