La histórica relación entre la República Dominicana y su diáspora, basada durante décadas en el envío de remesas, enfrenta una transformación inevitable. El autor, un especialista en gobernabilidad, plantea que el modelo tradicional de apoyo económico desde el exterior podría no sostenerse con las nuevas generaciones de dominicanos en Estados Unidos, por lo que urge migrar hacia una relación fundamentada en la inversión, el comercio y la creación conjunta de riqueza.
Durante un reciente recorrido por comunidades dominicanas en Massachusetts y Rhode Island, el autor constató un cambio profundo en el perfil de la diáspora. Ya no se trata solo de migrantes, sino de una comunidad de propietarios, profesionales y líderes públicos. Como ejemplo, citó al alcalde de Lawrence, Brian De Peña, quien señaló que aproximadamente el 87 % de las propiedades de esa ciudad pertenecen a dominicanos. Esta evolución también se refleja en la esfera política: Frank Moran, figura clave en la Cámara de Representantes de Massachusetts; Pavel Payano, primer dominicano electo al Senado estatal; y Ana Quezada, una de las dos únicas dominicanas en un Senado estatal de EE. UU. En Lawrence, ocho de los nueve miembros del Concejo Municipal son de origen dominicano.
Una lección de progreso y reglas claras
El autor sostiene que este avance demuestra que el progreso ocurre cuando se ofrecen reglas claras, igualdad de oportunidades e instituciones que funcionan. Afirma que "no cambió el dominicano; cambió el sistema", subrayando que bajo un régimen económico justo, la comunidad responde con trabajo y emprendimiento.
La reflexión tiene una dimensión personal para el autor, quien nació en Estados Unidos y creció en Monte Plata. Su madre emigró siendo adolescente y trabajó como obrera en una planta de General Motors, por lo que conoce de primera mano el sacrificio migratorio y el vínculo que unió a quienes se fueron con los que se quedaron.
Una agenda nacional para la cuarta etapa de la diáspora
El autor propone una agenda de cuatro puntos para construir esta nueva etapa. Primero, ofrecer garantías jurídicas reales para la inversión, especialmente inmobiliaria, combatiendo fraudes, falsos títulos y proyectos inconclusos. Segundo, convertir a República Dominicana en un destino competitivo para el retiro, facilitando la portabilidad de pensiones y la coordinación en seguridad social y cobertura médica. Tercero, desarrollar un mercado de capitales moderno para canalizar el ahorro de los dominicanos en el exterior hacia la economía nacional. Cuarto, sustituir el enfoque clientelar por una política de Estado institucionalizada, con una agenda bienal de trabajo con el liderazgo de la diáspora.
El especialista concluye que la política hacia los dominicanos en el exterior no puede descansar en nombramientos o favores, sino en instituciones, incentivos y reglas claras. "La diáspora no necesita un Estado que la administre; necesita un Estado que confíe en ella y le abra espacios para contribuir al desarrollo nacional", sentencia. La cuarta etapa ya comenzó, y la decisión es si el país seguirá viendo a su diáspora como remitentes de dinero o como una de sus mayores fortalezas estratégicas.
