La persistencia de la corrupción en la administración pública se mantiene como uno de los retos más significativos para la democracia en la República Dominicana desde el fin de la era de Trujillo en 1961. A pesar de los constantes compromisos de transparencia y austeridad asumidos por sucesivas administraciones, la recurrencia de irregularidades y la dificultad para aplicar sanciones efectivas mantienen una percepción de lucha incompleta ante este problema social y económico.
El fenómeno no solo afecta la moralidad pública, sino que actúa como un freno directo al crecimiento económico y a la equidad social. El desvío de fondos públicos impacta negativamente en la calidad de servicios esenciales como la salud, la educación, la seguridad y la infraestructura, afectando principalmente a los sectores más vulnerables que dependen del Estado para su bienestar.
Avances y métricas de integridad
No obstante, el país ha mostrado progresos medibles en sus indicadores de transparencia. Según datos de organismos internacionales, la puntuación dominicana en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional subió de 31 puntos en 2016 a 37 en 2025. De igual manera, el indicador de Control de la Corrupción del Banco Mundial registró un incremento, pasando de 32 a 42 puntos en el periodo comprendido entre 2014 y 2024.
En este contexto, la participación de la República Dominicana en las iniciativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se presenta como una herramienta clave para el diagnóstico y la reforma institucional. El estudio publicado por la OCDE el 30 de septiembre de 2026 reconoce los esfuerzos realizados por el país, pero señala la necesidad de cerrar brechas en la implementación de normas y la coordinación entre organismos.
Hacia una estrategia nacional de integridad
Para consolidar la estabilidad fiscal y el desarrollo nacional, resulta imperativo transformar las promesas políticas en mecanismos institucionales preventivos. Esto incluye fortalecer la transparencia en las licitaciones de obras públicas, mejorar la fiscalización de las compras estatales y garantizar la protección de quienes denuncian actos ilícitos.
La implementación de una estrategia nacional de integridad pública requiere de objetivos claros y una supervisión constante que incluya la auditoría forense y la investigación financiera. El fortalecimiento del sistema judicial y la independencia de las investigaciones son pilares fundamentales para asegurar que la justicia actúe con rigor, evitando que los procesos se utilicen con fines partidistas y garantizando que ningún funcionario esté por encima de la ley.
