Un análisis crítico reciente cuestiona la postura de la politóloga Rosario Espinal, quien sugirió reducir la inversión en los procesos electorales para los dominicanos residentes en el extranjero debido a los altos índices de abstención. El autor de la columna sostiene que la baja participación no es falta de interés, sino un problema de logística y falta de infraestructura para facilitar el sufragio en diversos países.
Desmitificando la abstención y los costos
Frente a la tesis de que el voto exterior es un gasto innecesario, se argumenta que el incremento en el padrón electoral, que pasó de 52,431 inscritos en 2004 a 863,784 en 2024, es producto de los esfuerzos del Estado por integrar a la ciudadanía. Asimismo, se aclara que la abstención del 81% registrada en las últimas elecciones responde a la dificultad de acceso a los centros de votación, que se encuentran dispersos en múltiples continentes y zonas horarias.
En cuanto al aspecto financiero, se señala que el costo por elector en el exterior es de aproximadamente RD$2,084 (unos 35 dólares), una cifra que se considera razonable frente al impacto que tiene la diáspora en la economía nacional. Se enfatiza que el problema no es el monto invertido, sino la gestión de los recursos para hacer el proceso más eficiente.
El peso económico y social de la diáspora
El texto desmiente la idea de que el vínculo de los dominicanos en el exterior sea meramente emocional o basado en la nostalgia. Se destaca que las remesas, estimadas en 11,866 millones de dólares para 2025 según el Banco Central, superan ingresos de sectores clave como el turismo, las zonas francas y la inversión extranjera directa.
Además, se subraya la contribución de la diáspora mediante:
- La generación de empleos en el extranjero a través de negocios dominicanos.
- El crecimiento de la base tributaria mediante la compra de propiedades en la República Dominicana.
- El aporte de profesionales y estudiantes que se integran a la vida académica y política en otros países.
Propuestas para fortalecer la democracia
Para combatir la baja participación y garantizar el derecho fundamental establecido en la Constitución y la Ley 20-23, se proponen medidas como la implementación del voto postal o electrónico, la extensión de los días de votación y la creación de centros de votación más accesibles en comunidades donde reside la población migrante. Finalmente, se hace un llamado a reconocer la representación política de la diáspora como una deuda democrática y no como un gasto que deba ser recortado.
