El derecho de los dominicanos residentes en el extranjero para participar en los procesos electorales debe ser fortalecido en lugar de ser suprimido, ante las recientes propuestas que sugieren recortar los recursos destinados a su organización debido a los costos y la baja participación. El debate surge tras las declaraciones de la antropóloga Rosario Espinal, quien planteó la posibilidad de dejar de invertir en el voto exterior debido a los niveles de abstención registrados.
La magnitud del electorado en el extranjero es considerable, lo que demuestra que no se trata de un grupo minoritario. Para los comicios de 2024, el padrón de dominicanos habilitados para votar fuera del país alcanzó los 863,785 ciudadanos. Esta cifra supera la cantidad de electores de casi todas las provincias de la República Dominicana, con la única excepción de Santo Domingo, lo que posiciona a la diáspora como un actor de peso en la realidad electoral nacional.
Impacto y crecimiento del padrón electoral
Los datos de la Junta Central Electoral (JCE) reflejan un crecimiento importante en el registro de electores en el exterior, pasando de unos 595,000 en el año 2020 a los 863,785 registrados en 2024. Este incremento evidencia que, cuando se ejecutan estrategias de acercamiento y empadronamiento, la comunidad dominicana en el exterior responde positivamente.
La importancia de este derecho radica en que los residentes fuera del territorio nacional mantienen vínculos profundos con el país, tanto económicos a través de las remesas como sociales y afectivos. Además, la estructura democrática actual permite que estos ciudadanos elijan no solo al presidente, sino también a sus representantes mediante las diputaciones de ultramar, integrándolos formalmente en la representación política del Estado.
Hacia una estrategia de participación efectiva
Más allá de la discusión sobre el gasto público, el enfoque debería centrarse en identificar las causas de la abstención y eliminar las barreras que impiden el ejercicio del sufragio. La democracia implica inversiones en logística, capacitación y materiales, pero el objetivo debe ser garantizar que el derecho político de la diáspora se traduzca en una participación efectiva.
De cara a las próximas elecciones de 2028, el desafío para las instituciones es diseñar una hoja de ruta que combine la eficiencia en el uso de los recursos con mecanismos que faciliten el voto. La meta es evitar que la distancia geográfica se convierta en una brecha democrática para los cientos de miles de dominicanos que forman parte del padrón exterior.
