La reciente confirmación de la FAO sobre la disminución de la subalimentación en la República Dominicana, situándola por debajo del 2,5%, ha generado un debate sobre la interpretación de este logro frente a la realidad económica de las familias dominicanas. Aunque el dato marca la salida del país del Mapa del Hambre, especialistas advierten que esto no implica la erradicación total de la pobreza o la inseguridad alimentaria en el territorio nacional.
El presidente Luis Abinader presentó ante la ONU la reducción de la pobreza y la salida del Mapa del Hambre como parte de los avances de su gestión. Sin embargo, se plantea la necesidad de distinguir entre la mejora de un indicador estadístico específico y la situación cotidiana de los ciudadanos que enfrentan un alto costo de vida y dificultades para cubrir la canasta básica.
Diferencia entre indicadores y realidad social
Es fundamental entender que la FAO utiliza la prevalencia de la subalimentación como un indicador particular, el cual es distinto a la inseguridad alimentaria moderada o grave. Por lo tanto, que el país haya cruzado el umbral del 2,5% no garantiza automáticamente que la población cuente con una alimentación adecuada o que las limitaciones económicas hayan cesado.
La discusión se centra en que el hambre también se manifiesta en la incapacidad de las familias para adquirir proteínas, frutas o alimentos de calidad debido a la falta de ingresos, lo que significa que una estadística puede mostrar progreso mientras el bienestar real en los hogares sigue siendo vulnerable.
Desafíos para el desarrollo nacional
Más allá de las cifras, persisten retos estructurales en la República Dominicana como el empleo digno, los salarios suficientes, la seguridad y la delincuencia. Se señala que el verdadero desarrollo no debe basarse en la cultura de la asistencia o la dependencia de bonos y ayudas estatales, sino en la creación de oportunidades que permitan al ciudadano sostener su hogar mediante el trabajo.
Si bien el avance reportado es un logro nacional que merece reconocimiento, el desafío del Estado consiste en asegurar que estos progresos se extiendan a toda la población y se traduzcan en una mejora tangible de la capacidad adquisitiva y la calidad de vida en cada barrio del país.
