Este 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, una fecha que pone de relieve la crítica situación que atraviesa México, donde miles de familias enfrentan búsquedas que se extienden por años. La efeméride, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2010, busca dar visibilidad tanto a las víctimas como al impacto profundo que este fenómeno causa en sus comunidades.
En este 2026, la conmemoración coincide con el vigésimo aniversario de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, bajo la consigna “Las víctimas primero. Acciones ya”, con el fin de exigir justicia, verdad y reparación para los afectados.
Panorama de la crisis en territorio mexicano
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado la magnitud de este problema en México. Según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) consultados por la CIDH, para el 3 de junio de 2025 se contabilizaban 128,713 personas desaparecidas en el país. Las entidades con mayor incidencia son Jalisco, con 15,330 casos; Estado de México, con 14,048; y Tamaulipas, con 13,471.
El perfil de las víctimas muestra que el 76.83% son hombres, mientras que las mujeres representan cerca del 23%. En el caso de los varones, la mayor concentración se encuentra en el rango de edad de 25 a 29 años, seguido por los grupos de 30 a 34 y de 20 a 24 años. Asimismo, la CIDH advirtió que existen estimaciones independientes que señalan la existencia de más de 70,000 cuerpos sin identificar bajo la custodia del Estado, lo que evidencia fallas en los procesos de identificación humana.
Diferencias jurídicas y factores de riesgo
Es importante distinguir que no toda desaparición es considerada "forzada". La ONU define la desaparición forzada como la privación de la libertad realizada por agentes estatales, o por grupos con su apoyo o consentimiento, sin reconocer dicha acción ni informar sobre el paradero de la persona. El registro en México incluye diversos contextos, desde el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado hasta la violencia de género, trata de personas y ataques contra periodistas o defensores de derechos humanos.
La CIDH señaló que, aunque existen antecedentes históricos como la "guerra sucia", la dinámica actual está fuertemente vinculada a la actividad de grupos criminales. Se ha advertido sobre posibles nexos entre organizaciones delictivas y autoridades en ciertos territorios, destacando una problemática especial en el "Corredor del Pacífico", que comprende Colima, Nayarit, Jalisco y Sinaloa.
El papel de las familias y los desafíos institucionales
Ante las deficiencias en la respuesta de las instituciones, las familias y colectivos de buscadores han tomado un rol protagonista. La CIDH reconoció su labor, pero también alertó sobre la violencia y los riesgos que enfrentan estas personas durante sus tareas de búsqueda. Además, se ha detectado una falta de confianza hacia las fiscalías debido a la escasa judicialización y la falta de resultados.
Entre los obstáculos estructurales identificados se encuentran la impunidad, la falta de coordinación entre instituciones y las limitaciones en materia forense. El organismo subrayó la necesidad de fortalecer los centros especializados para avanzar hacia esquemas de identificación masiva.
Por su parte, el gobierno federal ha mantenido que la búsqueda de personas es una prioridad, respaldada por reformas aprobadas en 2025. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo recientemente un encuentro con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para presentar los avances en las investigaciones de este caso ocurrido en 2014.
