El análisis político de José Francisco Peña Guaba advierte sobre cinco amenazas críticas que podrían generar una desigualdad de condiciones en los próximos comicios de 2028 en la República Dominicana. El autor señala que la verdadera fortaleza democrática no solo reside en el acto de votar, sino en que todos los actores políticos compitan bajo reglas justas, con instituciones imparciales y sin el uso de recursos públicos para beneficios partidarios.
Limitaciones económicas y cambios en las reglas de juego
Una de las principales preocupaciones radica en el recorte de los fondos destinados a los partidos políticos. Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral estipula que el Estado debe asignar el 0.25% de los ingresos nacionales para este fin en años no electorales, se ha observado que los montos entregados han sido inferiores a lo establecido por la ley. Esta situación es especialmente delicada para la oposición, que carece de las conexiones económicas que suele tener el oficialismo con el sector empresarial y contratistas del Estado.
Asimismo, se cuestionan las propuestas para modificar los calendarios electorales ya establecidos por la Junta Central Electoral. Peña Guaba sostiene que alterar los plazos para las primarias y convenciones cuando los partidos ya están organizados podría afectar la seguridad jurídica y favorecer intereses particulares, rompiendo la estabilidad normativa que requiere el sistema.
Uso de programas sociales y el reto de la participación
El texto también aborda el riesgo de que los programas de asistencia social del Gobierno se utilicen con fines clientelistas. Si bien se reconoce la importancia de las ayudas estatales para los sectores vulnerables, se advierte que estas no deben condicionarse a la simpatía política o militancia partidaria, ya que los recursos públicos pertenecen a todos los dominicanos sin distinción.
Por otro lado, se destaca la necesidad de combatir la abstención electoral. El autor enfatiza que el Gobierno debe garantizar los recursos necesarios para la renovación de la cédula y facilitar el voto de los dominicanos en el exterior. Incluso sugiere que es momento de debatir la implementación del voto obligatorio para fortalecer la legitimidad de los procesos.
El peligro del uso político de la justicia
Finalmente, se menciona el fenómeno del lawfare, refiriéndose al riesgo de que el sistema judicial sea utilizado para presionar o condicionar alianzas políticas. Se hace mención a procesos contra exfuncionarios del gobierno de Danilo Medina, como el caso de Gonzalo Castillo, subrayando que, aunque nadie está por encima de la ley, la justicia debe permanecer totalmente independiente de los intereses electorales para evitar que los expedientes se conviertan en herramientas de presión contra la oposición.
