Un análisis del economista agrícola Nelson E. Ramírez Bautista plantea la urgencia de rebalancear la política agrícola dominicana, pasando de un modelo centrado en subsidios directos de corto plazo hacia inversiones en bienes públicos estructurales. La propuesta busca mejorar la competitividad del sector frente a compromisos comerciales como el DR-CAFTA y la creciente vulnerabilidad climática del país.
Según el especialista, la política agrícola dominicana ha priorizado históricamente los estímulos inmediatos y los bienes privados. Esto se refleja en el uso frecuente de subsidios directos masivos para contener crisis, como los más de RD$ 2,000 millones destinados por el Ministerio de Agricultura a fertilizantes en periodos críticos, o los apoyos a la comercialización de rubros sensibles como el arroz, las habichuelas y la cebolla.
En contraste, las inversiones en bienes públicos estructurales presentan un rezago significativo. Instituciones como el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) operan con presupuestos limitados frente a los fondos destinados a ayudas directas de emergencia. El mantenimiento de caminos vecinales y la tecnificación de sistemas de riego siguen siendo tareas pendientes en la agenda pública del sector.
Presiones del DR-CAFTA y el clima
Dos factores principales hacen insostenible el modelo actual de subsidios. Por un lado, la desgravación arancelaria del DR-CAFTA expone al arroz dominicano, pilar de la seguridad alimentaria, a la competencia directa con el arroz subsidiado de Estados Unidos. El análisis sostiene que ningún subsidio privado podrá compensar la diferencia de costos si el productor no cuenta con bienes públicos como nivelación de suelos, sistemas de riego eficaces y laboratorios de sanidad de primer nivel.
Por otro lado, la alta vulnerabilidad climática del país, ubicado en la ruta de huracanes y afectado por sequías e inundaciones, hace insostenible el modelo de rescates financieros posteriores a desastres. Se propone invertir esos recursos en bienes públicos adaptativos como sistemas de alerta temprana, reforestación de cuencas y desarrollo de cultivos resistentes.
Propuestas para un rebalanceo estratégico
El análisis plantea que un rebalanceo exitoso requiere voluntad política para superar el beneficio electoral de corto plazo. Entre las medidas sugeridas está redirigir los subsidios a fertilizantes hacia la salud del suelo, mediante capacitación en agricultura regenerativa y análisis de suelo gratuitos.
También se propone una revolución en el manejo del agua, ya que menos del 20% de las tierras agrícolas en República Dominicana cuentan con sistemas de riego tecnificado. Invertir en la infraestructura de canales del INDRHI se presenta como un bien público clave para ahorrar agua y enfrentar el cambio climático.
Otra recomendación es implementar un enfoque territorial que vincule la agricultura con el desarrollo de infraestructura vial y conectividad digital. Un productor del Sur o del Cibao con acceso a internet y buenas carreteras podría negociar directamente sus precios en el mercado de Santo Domingo, reduciendo la dependencia de intermediarios y subsidios estatales.
El análisis concluye que el reto no es producir más alimentos, sino hacerlo de manera más eficiente, con mayor calidad e inocuidad, para que los agricultores puedan sobrevivir en un mercado competitivo y bajo un clima cambiante. La recomendación final es mejorar la calidad del gasto público, redirigiendo los recursos de subsidios distorsionantes hacia inversiones duraderas como la sanidad agropecuaria, la tecnificación del riego y la transferencia tecnológica al pequeño agricultor, para incrementar la productividad y blindar la seguridad alimentaria del país.
