Amnistía Internacional presentó este jueves un informe donde evalúa la situación de diez casos penales relacionados con el espionaje a personas del entorno independentista catalán mediante el programa Pegasus, que actualmente están en curso o sobreseídos provisionalmente en los tribunales de Barcelona. La organización concluye que la Fiscalía está “obstaculizando” dichos procedimientos y que las víctimas de este presunto espionaje masivo enfrentan desde hace seis años un “ciclo sin fin de obstáculos para la obtención de amparo” en estas investigaciones.
Según Amnistía Internacional, esta situación genera “implicaciones nocivas y negativas para los derechos humanos de las víctimas”, especialmente en el “derecho a acceder a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”. La organización presentó el informe este jueves en una rueda de prensa en el Col·legi de Periodistes de Barcelona.
Marco legal deficitario y falta de control
Amnistía Internacional consideró que el marco legal es “deficitario” porque “no existe un verdadero control ni antes ni después del uso” de programas espía como Pegasus. La organización lamentó que la actuación del Ministerio Fiscal “más que garantizar derechos de las víctimas obstaculiza en la práctica que las víctimas de espionaje tengan acceso a recursos judiciales reales y efectivos”, lo que, según la entidad, “profundiza en la revictimización”.
El informe también señala que, seis años después de la primera querella, los procedimientos siguen en fase de instrucción o sobreseídos, a la espera de comisiones rogatorias “sin respuesta” por parte de las autoridades de Israel, de órdenes europeas de investigación caducadas o cuya ejecución ha sido “defectuosa”.
Propuestas de cambio legislativo
Ante la “dilación” de los procedimientos, Amnistía Internacional sugirió que el Ministerio Fiscal debería “cambiar radicalmente su papel, ser proactivo y ponerse al lado de las víctimas y abandonar su rol defensor del Estado”. La organización considera que la Fiscalía tendría que apoyar “todas las diligencias que sean necesarias para determinar tanto la naturaleza y circunstancias de los hechos como las personas que hayan participado”.
Además, Amnistía Internacional propuso cambios legislativos para evitar que “el espionaje indebido a personajes de la sociedad civil en España pueda repetirse”. En concreto, apuntan a modificaciones de la normativa reguladora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) porque consideran que “no existe un control judicial de sus actividades”. También reclaman una reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que “no puede ser un obstáculo para la investigación de violaciones de derechos humanos”.
