Un grupo de ocho cancilleres y cuatro viceministros se concentran este viernes en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) para discutir la situación política en Nicaragua. El encuentro busca analizar la gestión de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ante las crecientes denuncias por la supresión de la democracia y el respeto a los derechos humanos en dicho país.
La sesión, que cuenta con la participación de 17 representantes permanentes y tres alternos, tiene como eje central un proyecto de resolución que exige la liberación de los presos políticos nicaragüenses y la recuperación del espacio cívico. Esta reunión surge tras la decisión del Consejo Permanente de la OEA, el pasado 19 de agosto, de convocar este espacio bajo el liderazgo de Estados Unidos para responder a la eliminación de las elecciones competitivas en la nación centroamericana.
Participación internacional y representación dominicana
Entre los ministros de Relaciones Exteriores que asistirán figuran Víctor O. Bisonó Haza, por la República Dominicana, junto a representantes de Argentina, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay y Perú. Por su parte, Estados Unidos enviará al vicesecretario de Estado, Christopher Landau, mientras que Costa Rica, Canadá y Chile participarán mediante sus respectivos viceministros.
La República Dominicana forma parte de los ocho países que copatrocinan la propuesta de resolución, grupo que también incluye a Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Paraguay y Perú. El documento busca establecer mecanismos para que se puedan celebrar elecciones libres, justas e inclusivas, garantizando la independencia de las instituciones y el pluralismo político.
Demandas de derechos humanos y estabilidad regional
La reunión ocurre en un contexto de graves acusaciones contra el régimen de Ortega. Organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y expertos de las Naciones Unidas han solicitado medidas para frenar abusos como la privación de la nacionalidad, la persecución de opositores y el uso de fondos públicos para la represión. El proyecto de resolución contempla, además, la restitución de propiedades y bienes confiscados de forma arbitraria a diversos sectores de la sociedad.
Como parte de la estrategia de seguimiento, se plantea la creación de un grupo ministerial que deberá presentar recomendaciones con acciones diplomáticas y jurídicas en un plazo de 60 días tras su formación. Este grupo tendrá el objetivo de buscar un diálogo que incluya tanto al régimen actual como a la oposición en el exilio, con el fin de estabilizar la situación en el hemisferio.
