El gobierno de México declinó la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU respecto al alcance del artículo 34 de la Convención, medida que busca brindar apoyo internacional ante la crisis de desapariciones en el país. Durante la presentación del informe anual ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, sostuvo que la nación mantiene una política de cooperación y diálogo, rechazando la intervención externa.
Resultados de la gestión y cifras de desaparición
A pesar de la negativa a la asistencia internacional, el subsecretario Arturo Medina informó que las acciones actuales han permitido la localización de más de 16 mil personas y la identificación de 24 mil restos humanos. El funcionario destacó que, a diferencia de periodos anteriores donde las desapariciones forzadas se originaban en esferas políticas, actualmente los hechos son perpetrados principalmente por grupos criminales y, en ocasiones, por autoridades de nivel municipal.
No obstante, el panorama sigue siendo crítico para el bienestar mexicano. Según los registros oficiales, el número total de personas desaparecidas supera las 130 mil, mientras que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reportó 14 mil 417 casos recientes sin paradero conocido. Juan Pablo Albán, presidente del CED, señaló que, aunque se observan intensificaciones en las labores de investigación por parte del Estado, persisten problemas estructurales que requieren atención urgente.
La postura de los organismos internacionales y las víctimas
El Comité contra la Desaparición Forzada ha señalado que existen indicios fundados de que las desapariciones forzadas en México podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Albán aclaró que la decisión de informar a la Asamblea General no implica responsabilidad directa del Estado mexicano ni evidencia una política oficial de desapariciones, sino que es una medida preventiva para movilizar la atención ante situaciones de extrema gravedad.
Por su parte, familiares de las víctimas denunciaron la inoperancia de las investigaciones y la falta de protección para los colectivos buscadores. Durante las jornadas previas al informe, grupos de víctimas señalaron la necesidad de contar con recursos y expertos internacionales para enfrentar la crisis forense y la impunidad que impera en las fiscalías.
El caso queda ahora en manos de la Asamblea General de las Naciones Unidas, organismo que deberá decidir si procede el apoyo solicitado para fortalecer la búsqueda, la investigación y la protección de las víctimas y sus familias.
