El gobierno de Estados Unidos, bajo la gestión de Donald Trump, ha implementado una serie de sanciones dirigidas contra la Corte Penal Internacional (CPI). Esta medida forma parte de una estrategia de la administración estadounidense para desmantelar el tribunal, al cual acusa de actuar con sesgo político y de intentar procesar de manera ilegal a ciudadanos estadounidenses e israelíes por presuntos delitos de guerra.
El secretario de Estado, Marco Rubio, comunicó formalmente estas sanciones este viernes. La decisión se produce en un contexto donde la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la CPI, recibió el Premio Nobel de la Paz; Pillay fue responsable de liderar las investigaciones de la Corte relacionadas con las actuaciones de las tropas de Estados Unidos en Afganistán e Irak. No obstante, las autoridades estadounidenses aclararon que el plan de sanciones ya estaba en marcha con anterioridad al reconocimiento de la jurista.
Medidas de bloqueo financiero y restricciones comerciales
Las nuevas disposiciones legales buscan paralizar la capacidad de acción de la Corte mediante el bloqueo de cualquier activo que la institución posea dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Asimismo, se ha establecido un periodo de seis meses para que las empresas y particulares estadounidenses que mantienen vínculos comerciales con la CPI finalicen dichas relaciones.
A través de un video difundido en redes sociales, Marco Rubio fue enfático al declarar:
"Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegal, cortándole los recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra"
. El secretario de Estado añadió que la postura contra la Corte cuenta con el respaldo de ambos partidos en el Congreso, pero subrayó que la determinación para ejecutar estas medidas recae en el presidente Trump:
"Ambos partidos están de acuerdo en esto, pero solo el presidente Trump tiene la determinación necesaria para tomar las medidas que se requieren para acabar con esta amenaza de una vez por todas. O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI"
.
Reacciones internacionales y postura de la Corte
La decisión ha generado una división de opiniones en la comunidad internacional. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, respaldó la acción estadounidense, calificando a la CPI como un organismo político que amenaza la soberanía de las naciones. Por el contrario, la Unión Europea expresó su preocupación y lamentó la medida, manifestando su compromiso de trabajar con la Corte para asegurar su funcionamiento y proteger a los operadores europeos.
Por su parte, la Corte Penal Internacional rechazó las sanciones, calificándolas como un ataque directo al Estado de Derecho y un intento de intimidación contra quienes trabajan por la justicia. La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, defendió la independencia de la institución frente a las presiones externas.
"Nadie debería ser castigado por servir a la causa de la justicia. La historia juzgará este momento. Las generaciones futuras, y sobre todo las víctimas de atrocidades masivas, se preguntarán cómo respondimos cuando una institución creada para protegerlas fue objeto de ataques"
, sentenció la máxima autoridad del tribunal.
