A pesar de las constantes modificaciones a la Carta Magna, la historia de la República Dominicana revela que ningún gobernante ha intentado ejercer el mando sin el respaldo formal de una Constitución durante sus 182 años de vida republicana. Este fenómeno, marcado por un constante proceso de reformas para ajustar la ley a los intereses de turno, subraya la importancia de la Constitución como la herramienta indispensable para legitimar el ejercicio del poder en el país.
El origen del orden constitucional dominicano
El camino hacia la institucionalidad comenzó con el Manifiesto de enero de 1844, documento que sentó las bases para la separación de la República de Haití y la creación de un Estado soberano. Tras la formalización de la independencia el 29 de febrero de ese año, la Junta Central Gubernativa organizó la elección de los constituyentes en agosto de 1844, buscando representación de las provincias de Azua, La Vega, Santiago, El Seibo y Santo Domingo.
Aunque la presencia militar extranjera impidió las elecciones en zonas como Las Caobas, Bánica, Hincha, San Rafael y San Miguel, el proceso avanzó con la instalación de 32 constituyentes en San Cristóbal el 21 de septiembre de 1844. Estos representantes votaron la Constitución el 6 de noviembre de 1844, marcando la estructura jurídica del Estado y permitiendo el nombramiento de Pedro Santana como el primer presidente de la República.
Para asegurar la difusión de la nueva ley, el general Pedro Santana promulgó el Decreto núm. 22 el 18 de noviembre de 1844, ordenando que la Constitución fuera leída públicamente en todas las cabeceras de provincia y pueblos. El decreto incluía rituales de juramento ante la bandera y la participación de autoridades religiosas para garantizar la solemnidad del acto.
Entre la reforma y la legitimidad del poder
La trayectoria constitucional del país ha estado definida por lo que se conoce como "hiperreformismo". Desde la primera Constitución hasta la actualidad, la Carta Magna ha sido modificada en 40 ocasiones. Incluso en periodos de gobiernos autoritarios, la necesidad de invocar la ley para validar el mando ha sido una constante, tal como lo resumió Wenceslao Vega en su obra: "Gobernaban violando sus preceptos, pero necesitaban invocarlos para gobernar."
Un ejemplo histórico de esta tendencia ocurrió en 1854, cuando reformas impulsadas por Pedro Santana fortalecieron las facultades del Poder Ejecutivo, extendieron el periodo presidencial a seis años y transformaron el Congreso en un cuerpo unicameral, alterando el equilibrio de poderes en beneficio de la presidencia.
Hacia una cultura de respeto institucional
La República Dominicana actual presenta un panorama de progreso notable en comparación con 1844 o 1966. El país ha logrado consolidar la alternabilidad democrática, fortalecer el sistema electoral y desarrollar instituciones propias de un Estado social y de derecho. No obstante, el reto de superar la tendencia a reformar la Constitución según las circunstancias políticas sigue vigente.
Al proyectar la estabilidad institucional hacia el año 2028, se observa que, aunque el país ha superado crisis, dictaduras y ocupaciones, la Constitución permanece como el eje central de la política nacional. El desafío futuro para la nación dominicana radica en transitar de una cultura de simple existencia de la ley hacia una verdadera cultura de respeto y cumplimiento de la Constitución.
